Una moratoria fiscal necesaria

Instituciones internacionales, gobiernos y agentes sociales debaten estos días sobre las medidas económicas que pueden amortiguar el impacto económico y social del confinamiento masivo para contener la pandemia del coronavirus. No es fácil. La situación es inédita. Se han puesto en marcha medidas extraordinarias, pero la situación es excepcional. El Banco Central Europeo (BCE) ha dado oxígeno a los gobiernos nacionales para avalar a las empresas y asegurarles la liquidez. Pero esa es la consecuencia. La causa del problema es la ausencia de producción, de ventas, de servicios. Hasta unos niveles sin precedentes.

A medida que se acerca final de mes, este debate se intensifica porque todo el mundo se está preguntando cómo va a hacer frente a los pagos, tanto de salarios como de proveedores, créditos e impuestos. El primer recurso es el crédito, pero un día u otro se tendrá que devolver y no está claro que los ingresos que ahora no se tienen se puedan recuperar en el futuro. Las empresas más solventes pueden utilizar sus fondos de reserva o, como ha hecho alguna multinacional española, limitar el dividendo para crear un fondo de contingencia. Otras compañías, cientos de ellas, ya han anunciado que se van a acoger a las facilidades que ha dado el Gobierno para activar expedientes temporales de regulación de empleo, es decir, trasladar al Estado el pago de una parte sustancial de los salarios de los trabajadores. Eso lleva un tramitación pero significa en la práctica un subsidio público que tiene sentido si sirve para mantener el empleo cuando amaine la tempestad.

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En este contexto, Foment del Treball ha propuesto posponer el pago de todos los impuestos que abonan las empresas. Sería una medida rápida y efectiva. Este pago aplazado sería una forma de aval público que daría liquidez a las empresas. Debería, posteriormente, controlarse el cumplimiento de las obligaciones, pero ello podría sincronizarse con el ritmo de recuperación efectiva de la actividad económica tras la pandemia sanitaria. Pero esta moratoria fiscal solo es posible si la Unión Europea apoya a los estados como ha pedido acertadamente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. De momento, la Comisión Europea ya ha relajado las reglas fiscales y el mismo BCE ha dado más margen a los bancos para admitir avales. Posiblemente, la solución no va a venir ni de una sola institución ni de una sola medida. Porque en realidad lo que necesitaremos es rehacer un nuevo pacto social para repartir la carga de las consecuencias económicas de esta pandemia. Una necesidad que el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre ya había señalado en alguna ocasión y que ahora es aún más necesaria que antes. Hay que parar el golpe como sea. No hay que dejar atrás a nadie. Hay que buscar el consenso y el acuerdo. Hay que parar la epidemia y contener la hemorragia económica que se deriva del confinamiento. No queda otra. El Estado debe actuar de garante y las empresas y los trabajadores hacerse corresponsables de las soluciones.