Un plan acorde a la dimensión de la tragedia

La extraordinaria gravedad del momento obliga a contemplar medidas de una intensidad jamás conocida, con el objeto de atender a los más frágiles y de evitar la literal paralización de la economía. Por primera vez en nuestra historia, en el plazo de pocos días, autónomos y empresas han transitado de la tranquilidad al pánico propio de sufrir una caída total de actividad, y de situarse frente a una segura y cercana falta de liquidez.

Así, dado que nada pueden hacer para reactivar la demanda, el escaso margen de maniobra tienden a ubicarlo en acumular tesorería para atender necesidades de primer orden. Por ello, contemplan no cumplir con las obligaciones con Hacienda, Seguridad Social y entidades financieras. Enfrentados a un escenario que perciben como de pura supervivencia, no les preocupa acumular deudas pues, además, consideran que ni bancos ni administraciones dispondrán de capacidad técnica ni de fuerza moral para ejecutarlas.

¿Cómo te afecta la crisis del coronavirus?

Solo el Estado, en sintonía con el sistema financiero, puede anticiparse y evitar el precipitarnos en un escenario de impagos sistemáticos, que llevaría al bloqueo del sistema financiero y a una 'suspensión de pagos' generalizada. Atendiendo a la liquidez en los mercados y al precio del dinero, ello resulta posible, siempre y cuando aparquemos los pactos de estabilidad de la Unión Europea.

En este marco debe entenderse el histórico plan de choque presentado por el Gobierno que, a la espera de su concreción, debe responder al triple criterio de suficiencia, contundencia y sencillez. Acerca de la suficiencia, los 200.000 millones anunciados van mucho más allá de las previsiones, mientras que el anuncio del plan ha resultado de una contundencia extraordinaria, obviando el riesgo de recurrir a un sinfín de pequeñas medidas secuenciales, que les restarían efectividad. Finalmente, debemos esperar para poder valorar hasta qué punto su implementación resulta sencilla.

El plan opta por financiar por vías ortodoxas a autónomos y empresas, de manera que puedan atender sus obligaciones sin alejarse de la normalidad, más que por recurrir al aplazamiento automático y a medio plazo de deudas con bancos y administraciones. La propuesta del Gobierno resulta sensata, si bien comporta el riesgo de que una tramitación compleja del crédito pueda desencadenar una dinámica de impagos difícil de reconducir.

Debe entenderse que son millones los autónomos y pymes que, viéndose abocados al desastre, están ya adoptando medidas a la desesperada. Por ello, el recurso al aplazamiento de impuestos con carencia mientras dure la crisis, o la suspensión generalizada del pago de cuotas de las hipotecas familiares, durante el mismo período y situando estas mensualidades a finales de la vigencia del préstamo hipotecario, aportarían tranquilidad de inmediato y su coste encaja perfectamente en esos 200.000 millones.

La dirección del plan y el monto movilizado van en la buena dirección. Toda la confianza en quienes deban instrumentarlo.