14 ago 2020

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Oposición al real decreto

Quim Torra, durante la reunión telemática del Govern.

Torra no es legal

Jordi Mercader

El 'president' y quienes le vitorean han decidido pasar de la desafección política, muy argumentada, a la insolidaridad descarnada con el conjunto de España en el peor momento posible

Xavier Arbós, colaborador habitual de EL PERIÓDICO, ha dado con un 'hashtag' antológico para valorar la actitud del presidente de la Generalitat durante el fin de semana. Josep Cuní le pidió una valoración de las muchas palabras de más pronunciadas por Quim Torra en las últimas jornadas y el experto constitucionalista se limitó a responder: “Yo, qué quiere que le diga”.  En esta frase hay más prudencia que resignación, porque decir, lo dice todo. Difícilmente ningún gobernante saldrá con un cum laude de la gestión del coronavirus porque al final de la batalla la casuística de errores será infernal y la estadística de fallecimientos será demoledora. Otra cosa es la deslealtad institucional del presidente Torra.

Torra no es el único, por descontado, que piensa en el Pisuerga cuando abre la boca. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, no desaprovechó la ocasión para soltar que “España no es una nación de naciones” mientras criticaba a quienes defienden el cierre de territorios. El propio Pedro Sánchez conjuga constitucionalmente el “unidos venceremos” con un entusiasmo sospechoso. El lendakari Urkullu también subrayó su desacuerdo con algunas consecuencias del estado de alarma, pero al final, todos, excepto Torra, pusieron por delante la emergencia a la estrategia política.

Torra y quienes le vitorean han decidido pasar de la desafección política, muy argumentada, a la insolidaridad descarnada con el conjunto de España en el peor momento posible. Su enfrentamiento con los gestores del estado de alarma, apelando a una supuesta confiscación competencial que los expertos niegan y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desmintió al minuto con hechos al poner al servicio del Departament de Sanitat de la Generalitat los recursos de la sanidad privada, podría tener consecuencias políticas a posteriori. Y sería una pésima idea.

Las represalias políticas (y mucho menos institucionales) resultarían contraproducentes para una relación con la Generalitat de por sí inestable, de la misma manera que sería absurdo que las diferencias entre los socios del Gobierno de Sánchez en la discusión del estado de alarma implicaran una factura para después del descalabro humano y económico que está desatando el virus. La urgencia no necesita ni de gobernantes alocados ni de gobiernos ofendidos.

Los gobiernos europeos acabarán aplicando las mismas medidas, día antes día después, las explicarán con argumentos parecidos pero no idénticos, probablemente porque ninguno está seguro de acertar plenamente ante una circunstancia tan amenazadora para vidas y derechos. Incluso podría ser que Torra tuviera alguna razón al reclamar el cierre de aeropuertos, puertos y trenes que acabará haciéndose. De la misma manera que el Gobierno de Sánchez acierta cuando somete el cierre de fronteras a un acuerdo de los países del acuerdo de Schengen, porque Europa no debería ser una víctima más de esta crisis. En lo que no tiene razón Torra es en no ser legal, en el sentido popular de la expresión.