Opinión | Editorial
El Periódico
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Pandemia global, crisis mundial
Oficialmente, el covid-19 ya es una pandemia global. La Organización Mundial de la Salud informó este miércoles de que se han registrado más de 118.000 casos en 113 países y 4.292 muertes a causa de la expansión del coronavirus desde que fue detectado por primera vez en China. En España, Sanidad estima que la crisis del coronavirus durará entre un mes y medio y cuatro meses, en el escenario más pesimista. La batería de decisiones de las administraciones sanitarias para intentar romper la cadena de contagio, unidas a las afectaciones económicas, al pánico financiero y a la parálisis productiva, amenazan con convertir la epidemia en una crisis económica mundial que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no han dudado en comparar con la recesión del 2008. Otra crisis cuando en Europa aún se notan las consecuencias de la que marcó la última década.
Al poco de llegar a la presidencia del BCE, Lagarde se enfrenta a una dura prueba. El BCE se reúne este viernes sabedor de que el Reino Unido ha lanzado un plan de 34.000 millones de euros para sostener la economía ante la crisis del coronavirus y, al igual que la Reserva Federal de EEUU, ha anunciado una bajada de tipos de interés. La Comisión Europea ha anunciado un fondo que movilizará 25.000 millones pero que hoy solo tiene asegurados 7.500. No parece que sea lo que tiene en mente Lagarde cuando insta a actuar. En estos tiempos tan complejos resuena el «lo que sea necesario» de Mario Draghi. Lo dijo Pedro Sánchez y lo repitió Angela Merkel. La inversión pública en el sistema sanitario (el FMI instó este miércoles a España a hacerlo) y la inyección de gasto público en la economía son recetas ineludibles. El camino a seguir, como ya ha indicado Sánchez, es que la CE y los países de la eurozona busquen fórmulas para explorar la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y las excepciones a las ayudas del Estado. Los objetivos están claros: reforzar los sistemas sanitarios ante la pandemia, evitar al máximo posible despidos y la quiebra de empresas y ofrecer prestaciones a los padres que se queden en casa para cuidar a los niños sin escuela. El clásico pulso de la política europea entre la austeridad y las políticas expansivas vive otro episodio en un momento crucial para la economía del continente.
Porque el avance del virus no se detiene. El caso de Italia mostró este miércoles hasta qué punto se puede tener que llegar si las medidas de contención no impiden de forma eficiente la expansión de la enfermedad: el Gobierno decretó el cierre de comercios y servicios no esenciales en todo el país durante dos semanas, excluyendo la actividad industrial y agrícola y servicios de primera necesidad como supermercados, transportes, farmacias o banca. Una decisión drástica que amenaza a una de las principales economías de la eurozona.
<strong>Igualada </strong>vivió ayer un duro repunte, con 20 infectados. El Govern decretó el cierre de aulas, centros cívicos y ‘casals’ en la ciudad y localidades vecinas. Catalunya, de hecho, se prepara para el azote de la pandemia, reorganizando los hospitales y CAP (aplazando las consultas y cirugías) y tomando medidas como la limitación de aforo en eventos. Es capital que el sistema sanitario público catalán disponga de los recursos, el personal y la organización necesarias para afrontar la dura prueba que supone el coronavirus. Barcelona también anuncia medidas (como el cierre de los ‘casals’ para gente mayor) en un momento en que el descenso de la actividad en la ciudad es más que palpable. La vida cotidiana ya se ha visto perturbada, y las cancelaciones en cascada de actos deportivos, culturales y eventos de todo tipo no hacen más que acentuar la sensación de excepcionalidad.
Las prohibiciones son medidas necesarias para cortar la cadena de contagio, y cabe confiar en el buen sentido de las autoridades sanitarias al imponerlas. No es fácil encontrar el equilibrio entre las dos crisis, la sanitaria y la económica. Es por ello imperativo en estos momentos que la ciudadanía mantenga la calma. No hay riesgo de desabastecimiento ni motivo para la histeria. La sobreactuación y las actitudes incívicas no hacen más que empeorar una situación de por sí grave. Es responsabilidad de las administraciones informar con transparencia y dotar de recursos a los servicios públicos, y de los ciudadanos seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. Está en juego la salud, sobre todo de los más vulnerables, pero también el bienestar económico en esta epidemia global que se está convirtiendo en una grave crisis mundial.
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