La UE ante los flujos migratorios

La Unión Europea (UE), tras el caos migratorio del 2015, subcontrató a Turquía en marzo del 2016 el control migratorio del Mediterráneo Oriental. Cuatro años después, la UE sigue sin haberse preparado para gestionar e integrar los flujos de refugiados e inmigrantes por sí misma, ha concentrado su esfuerzo en el control de fronteras, ha renunciado a los valores humanitarios que proclama y ha continuado subcontratando el control migratorio a otros países (Libia, Marruecos, Níger). Esta actitud coloca a la UE en una posición de debilidad geopolítica, proclive a ser chantajeada, como ahora por el autoritario presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Pese al reforzado control fronterizo, los datos de los últimos años ––139.000 entradas irregulares en 2019 en la UE, según la Agencia Europea de Fronteras–– indican que las llegadas no se interrumpen. El flujo de refugiados e inmigrantes crecerá debido a la explosión demográfica en África, la enorme diferencia de renta entre Europa y sus vecinos de África y de Asia y la persistencia de conflictos, violencia, represión y limitadas expectativas personales en los países de una periferia extendida desde Afganistán a Latinoamérica, en la que Europa ejerce de polo de atracción. El 49% de los refugiados en las islas griegas proceden de Afganistán, según las Naciones Unidas, y más de 1,25 millones de residentes en España proceden de Latinoamérica (el 24,9% de los extranjeros registrados), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Reparto equitativo

Estos últimos cuatro años, la falta de voluntad política de un amplio grupo de estados europeos ha impedido un acuerdo para el reparto equitativo de los solicitantes de asilo dentro de la UE y ni siquiera se ha podido consensuar una legislación común sobre asilo. Un acuerdo de reparto equitativo en un UE de 447 millones de habitantes permitiría absorber con facilidad esos flujos migratorios, máxime cuando la UE necesita inmigrantes para evitar su declive demográfico. Sin inmigración, la población de la UE ya habría disminuido en el 2017 y el 2018 y el 80% del limitado aumento de población del 2012 al 2016 fue gracias a la inmigración. Incluso Polonia, pese a su retorica oficial antiinmigración, es el país de la UE que concede más permisos de residencia ciudadanos no comunitarios, porque necesita trabajadores (683.000 nuevos permisos en el 2017), según Eurostat.

La gestión de los refugiados e inmigrantes irregulares, pese a ser un problema colectivo en una UE sin fronteras internas, se ha dejado en manos de los Estados, con una mayor carga sobre los países más expuestos: Grecia, Italia y España. Grecia, que perdió el 27% de su producto interior bruto (PIB) durante la crisis, es el país en una situación más delicada, con 71.000 nuevas llegadas de refugiados e inmigrantes en el 2019, que se suman a los 262.000 llegadas del 2016 al 2018. La alta concentración de refugiados en las islas griegas, sin medios e infraestructuras colapsadas, ha creado una situación social tensa, explotada por la ultraderecha. La isla de Lesbos, con una población tradicional de 86.000 habitantes, acoge desde hace años 20.000 refugiados.

Dotaciones educativas

En la UE vivían unos 4,8 millones de inmigrantes irregulares en el 2017, según un estudio del Pew Research Center. A esa cifra, hay que añadir las personas a las que anualmente se les reconoce el asilo en la UE (333.400 en el 2018 y 533.000 en 2017), las que tramitan la solicitud y la inmigración regularizada. Una integración de esa población requiere alojamiento, permisos de trabajo y ampliar las dotaciones educativas y de sanidad en las zonas donde residen más inmigrantes. La insuficiente inversión pública en vivienda, educación, sanidad y protección social genera los problemas que la ultraderecha explota políticamente.  

Las ayudas europeas han sido muy limitadas en comparación con los recursos requeridos para una adecuada gestión e integración de refugiados e inmigrantes, ya que la UE destina una parte importante de estas ayudas a los medios policiales y navales del control de fronteras, lo que merma los fondos para los refugiados, y que las cantidades abonadas son inferiores a las anunciadas, como muestra el caso de Grecia y otros países. La situación se ve agravada por los extremadamente lentos trámites del asilo por la falta de personal y medios ante el enorme volumen de solicitudes (más de 11 meses en España para iniciar el trámite), así como por la escasa operatividad de los mecanismos de repatriación de inmigrantes irregulares (ni siquiera de los implicados en actividades delictivas) debido a su elevado coste y a la falta de medios. La realidad está muy alejada de los esquemas teóricos diseñados en los cómodos despachos de las instituciones en Bruselas.