Crisis agroalimentaria

El campo, en pie de guerra

El sector lleva décadas de protesta y agonía sin que ningún Gobierno le haya hecho demasiado caso

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El campo, en pie de guerra.

El campo, en pie de guerra. / MARÍA TITOS

Será debido a la educación recibida, lastrada por las penurias de la posguerra, que la visión de toneladas de naranjas o de brócolis arrojados a la cuneta o pudriéndose en los campos –porque no trae cuenta venderlos ni recogerlos– produce una desazón muy íntima, de algo obsceno que quiebra el orden natural de las cosas. Imágenes como esa vienen repitiéndose desde hace un mes, desde que agricultores y ganaderos, de Asturias al sur, se han puesto en pie de guerra, con manifestaciones, tractoradas y cortes de carreteras, por la sencilla razón de que vivir del campo resulta hoy una agonía. "Els nostres fills han de marxar de la terra", se lamentaba el otro día por la radio un payés de la fruta dulce en Lleida.

Mientras escribo me doy cuenta de que llegaré al final del artículo sin haber arrojado una pizca de luz sobre un asunto complejísimo, cuyo meollo radica en los precios en origen. Por ejemplo, un productor de melocotones, ciruelas y nectarinas se quejaba estos días en la prensa de que a él le cuesta 35 céntimos producir un kilo, cuando este año se lo están pagando a 15; o sea, un negocio peor que el de Roberto con las cabras. Los campesinos se quejan de que los costes de producción no están reflejados en el precio final, aun cuando estos se han disparado: la semilla, el abono, el gasoil, la maquinaria, los fitosanitarios contra las plagas. Solo faltaba, agregan, la subida del salario mínimo, sobre todo en los cultivos más dependientes de la mano de obra, como el olivar. El problema no es nuevo; llevan al menos 25 años aireando sus legítimas reivindicaciones sin que ningún Gobierno les haya hecho demasiado caso.

Feroz competencia

En el extremo de la cadena alimentaria, los consumidores acabamos pagando a veces hasta ocho veces más de lo que perciben ellos, los primeros en mover la rueda. Qué sinsentido. En pleno cambio de los modelos de producción, grandes empresas controlan la distribución en una feroz competencia entre ellas para obtener precios reducidos de los proveedores agrarios que, a su vez, en las explotaciones pequeñas y medianas, están mal organizados. Aun cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido con los representantes de Lidl, Carrefour y Mercadona, líderes de la distribución, no parece que haya salido de ahí gran cosa salvo un decreto parche que palía la tensión sobre la cadena alimentaria, con medidas que prohíben prácticas abusivas como la "venta a pérdidas"; es decir, ofrecer productos básicos a precios reventados o gratis para que actúen como gancho comercial de otros artículos (por dos cajas de detergente se lleva usted una botella de aceite de virgen extra).

El despropósito es síntoma de un problema más complejo: el de una sociedad desquiciada, ajena a la tierra

El problema no afecta solo a España. Los agricultores también se han movilizado en Francia, los Países Bajos y Alemania ante la amenaza de recortes severos en la Política Agraria Común (PAC), sobre todo después de que fracasara, la semana pasada, el Consejo Europeo en Bruselas para cerrar el presupuesto de la UE cara al próximo septenio (2021–2027). Los países productores presionan para que no disminuya la partida de 400.000 millones de euros asignada hasta ahora a la agricultura. Dicho en corto, arrecia el temor de que el campo acabe pagando los platos rotos del 'brexit': la salida del Reino Unido deja un agujero presupuestario de hasta 75.000 millones de euros.

A todo esto debe añadirse la miel china, las naranjas sudafricanas, las hortalizas del norte de África… Los campesinos comunitarios lamentan la "competencia desleal", que la UE permita la entrada de productos agrícolas a precios más bajos porque no respetan los estándares europeos de sanidad y medioambientales y los salarios son más bajos. Si una hora de trabajo en el campo se paga en España más o menos a siete euros, los peones en Marruecos cobran tres. Una tormenta perfecta a la que se han sumado los aranceles impuestos por Donald Trump sobre ciertas importaciones (en España afecta sobre todo al queso, al aceite y al vino).

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El problema es de tal envergadura que no basta con cataplasmas; se necesitan medidas urgentes y pactadas en la macroeconomía y también nivel local. Luego se nos llena la boca con la España o la Catalunya vaciadas –ahí están la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, las Garrigues–, cuando, aparte de la dificultad intrínseca de vivir de la agricultura, los pueblos llevan décadas de menosprecio y abandono, con cada vez menos escuelas, recortes en la atención sanitaria y sin internet de banda ancha, imprescindible para la distribución.

En realidad, todo este despropósito es el síntoma de un problema mucho más profundo, el de una sociedad desquiciada y cada vez más ajena al hecho alimentario, como si las lechugas y los yogures creciesen espontáneos en los expositores del supermercado. El hombre alienado de una Tierra que estamos destruyendo.