Opinión | Editorial

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Los cortes de la Meridiana

Es difícil conjugar el derecho a la protesta con el de los ciudadanos que no se manifiestan, pero cuatro meses de cortes es desproporcionado

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Desde hace cuatro meses, la Meridiana es escenario a diario de <strong>cortes de tráfico entre las 20.00 y las 22.00 horas</strong>. Los protagonizan un grupo de manifestantes independentistas que protestan así contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes del ‘procés’. Los cortes empezaron como una más de las protestas que hubo en Barcelona y otras partes de Catalunya tras el fallo del TS, pero así como las otras manifestaciones y concentraciones fueron desapareciendo, en la Meridiana se han mantenido día a día. Las consecuencias son evidentes: conductores atrapados en atascos en una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad; numerosas líneas de autobuses afectadas; perjuicios a la red comercial de la zona. A estas molestias se le han añadido recientemente episodios de violencia con conductores y manifestantes contrarios al independentismo. Vecinos, conductores y comercios sufren las consecuencias de unas protestas con escasa participación pero una alta capacidad disruptora de la vida cotidiana.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Albert Batlle, el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, ha solicitado a la Conselleria de Interior que prohíba la concentración por los perjuicios que genera y porque «en ocasiones pone en riesgo a las personas». Pero la ‘conselleria’ que dirige Miquel Buch no solo se ha negado hasta el momento, sino que <strong>no ha objetado nada ante la prórroga de tres semanas</strong> más de protesta comunicada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Argumenta el departamento de Buch que debe prevalecer el derecho a la manifestación de los ciudadanos.

Es difícil estar de acuerdo con la decisión de Interior de no oponerse a la prórroga de los cortes de la Meridiana. Sin duda, el derecho a la protesta y la manifestación es básico en una democracia, pero ese derecho no incluye otro que sea el de interrumpir la vida cotidiana y el pulso vecinal y comercial de un barrio durante meses. La manifestación, por ejemplo, podría llevarse a cabo sin cortes de tráfico y de esta forma no se perjudicaría a conductores, vecinos y comercios y se respetaría al mismo tiempo el derecho a la protesta. Pero después de que la gestión policial de Buch durante las protestas tras la sentencia fuera muy criticada por el independentismo (empezando por la Generalitat), Interior prefiere inhibirse ahora en la Meridiana, convertida en símbolo de una supuesta resistencia por parte de una pequeña parte del independentismo. Es una decisión errónea, porque la acumulación de cortes amenaza con erosionar la convivencia y tensar la situación en la calle.

Conviene que Interior recuerde que de la misma forma que debe velar por el derecho a manifestarse, también es responsabilidad suya el quehacer diario de los ciudadanos que no se manifiestan. Este equilibrio suele ser difícil de mantener, como en toda colisión de derechos. Pero cuatro meses de cortes diarios de tráfico en una arteria principal de Barcelona se antoja una situación ya muy desequilibrada que no debe perpetuarse más en el tiempo.