'Visca el bon govern'

En cualquier país y circunstancia, la aspiración al buen gobierno es una obviedad, de entrada. Todos queremos tener buenos gobiernos, que administren de manera racional y rigurosa los recursos comunes, que trabajen por el interés general, pensando en todos los ciudadanos y con capacidad de diseñar respuestas a los retos de futuro estableciendo las alianzas con los sectores sociales y económicos que son imprescindibles para alcanzar estos objetivos. El mejor catalanismo político, por otra parte, y desde los tiempos de la generación de Prat de la Riba y los 'noucentistes', ha hecho bandera del 'bon govern'. Por un lado, y en el contexto de la decadencia del régimen monárquico a finales del siglo XIX y principios del XX, el catalanismo emergía como una fuerza regeneradora de la política, que apostaba por modernizar y europeizar el país desde una acción pública nueva, ambiciosa, muy transversal en su planteamiento ideológico y que conectaba con las aspiraciones y necesidades de los sectores más emergentes y activos del país.

De hecho, hoy todavía vivimos de los ideales y de algunas de las obras de gobierno que la Mancomunitat y las diputaciones de Prat de la Riba y su gente activaron. Desde la normalización de la lengua de Pompeu Fabra a la Escola del Treball de Rafael Campalans. Y es que, además, aquel catalanismo sabía que solo desde un buen y mejor autogobierno los catalanes apoyarían sus demandas de autonomía. Con unos escuálidos presupuestos y unas escasas competencias, aquella generación emprendió una enorme y ambiciosa acción transformadora, rota en 1923 por la dictadura de Primo de Rivera. Con muy poco, hicieron mucho. Había ideas, talento, audacia para gobernar y capacidad de construir alianzas.

Ambición compartida

Esta ambición fue compartida por los gobiernos del 'president' Pujol desde 1980 y por el municipalismo que emerge con las primeras elecciones municipales. Unos y otros, los gobiernos de la Generalitat y de los ayuntamientos del país, transformaron de arriba abajo el país. Con presupuestos siempre insuficientes y con competencias siempre limitadas, de nuevo las ideas, el talento y la capacidad de los Pujol, Maragall, Nadal o Farrés hicieron posible que este país rompiera límites, fuera referencia a nivel europeo y progresáramos como nunca como sociedad.

Hoy, la percepción en amplios sectores del país es que estamos paralizados y bloqueados; el último ejemplo ha sido el fracaso de la tramitación parlamentaria de la denominada 'ley Aragonès', que traspone las directivas europeas de contratación pública y que habría permitido una contratación pública en el sector de los servicios a las personas más responsable, social y de calidad. La sociedad observa con decepción que no avanzamos en todo lo que tiene que ver con la iniciativa gubernamental. En tiempos acelerados, de disrupciones e innovaciones de todo orden, de emergencias climáticas, de debilitamiento de la cohesión social y de sentido compartido de comunidad, en los que nos jugamos la prosperidad y el bienestar de las generaciones futuras, estos son unos lujos que no nos podemos permitir. El mundo no nos espera. Y las carencias del autogobierno y las insuficiencias financieras no pueden ser una excusa recurrente cuando fallan las ideas y la competencia.

Intervención inteligente

El país tiene ganas de 'bon govern'. De un gobierno con ambición y mirada larga, consciente de la magnitud de los desafíos que nos interpelan y no exclusivamente atrapado en la gestión reactiva del 'mientras tanto'. Un 'bon govern' que sí o sí necesita construir confianza, alianzas y cooperar con la densa y sólida sociedad catalana y toda su complejidad. Ninguno de los retos que tenemos dependerán solo de lo que hagan el Parlament y el Govern. La complicidad de la sociedad civil, de las empresas, de los sindicatos, de las entidades sociales y culturales, de los colegios profesionales, de los emprendedores, de las universidades es imprescindible para definir y desarrollar buenas políticas públicas, del mismo modo que gobernar bien pide implicarse a fondo en la gobernabilidad del Estado no apostando por el bloqueo o la inhibición en la medida en que algunas de las decisiones clave del futuro del país se decidirán en Madrid o Bruselas. Inhibirse de la participación en las decisiones económicas, sociales, ambientales o culturales de la política española y europea es un gravísimo error que termina pagando el país en su conjunto. Y es perfectamente compatible la defensa firme de los ideales y la denuncia de las injusticias con una intervención inteligente en la política española.

En los tiempos que vivimos aspirar a un buen gobierno es sencillamente una cuestión de patriotismo.