29 mar 2020

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Editorial

Un respiro para el campo español

Las medidas anunciadas por el Gobierno para el medio rural son un primer paso para estructurar más equitativamente el sector

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El Periódico

Un momento de la protesta convocada por los agricultores en los accesos a Sevilla por la A-4 a la altura de Carmona.

Un momento de la protesta convocada por los agricultores en los accesos a Sevilla por la A-4 a la altura de Carmona. / EFE

La crisis del campo ha sido uno de los principales problemas con los que ha tenido que lidiar el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las protestas se han recrudecido, además, con la propuesta del Consejo Europeo de recortar en un 14% los fondos de la Política Agraria Común (PAC), en los nuevos presupuestos de la Unión Europea sin el Reino Unido. La PAC, aun con sus inconvenientes, ayuda a mantener el frágil equilibrio del campo español. España puede pasar de receptor neto a contribuyente neto, por lo que el Gobierno de coalición necesitaba, al menos, ofrecer una respuesta política a las reivindicaciones de los productores. No se trata solo de la rebaja de la PAC, sino también de una mayor tributación por carburante, de la competencia desleal o el aumento de aranceles, y especialmente, de los bajos precios que se pagan por el producto y el desequilibrio con el precio final que asume el consumidor.

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El Gobierno no puede regular los precios, pero sí ejercer presión con medidas como la anunciada reforma, por decreto, de la ley de la cadena alimentaria, que ha de evitar que los precios sean menores que el coste de producción (la llamada venta a pérdidas). Los cambios anunciados por el Consejo de Ministros inciden en la obligación de introducir el coste de producción como «elemento mínimo» de los contratos y la limitación de las actividades promocionales que repercuten en las ganancias de los productores. El ministro de Agricultura ha recalcado que esta primera respuesta del Gobierno va en la línea de intentar que las explotaciones agrarias y ganaderas tengan sostenibilidad económica, un deseo que tendrá que concretarse en la realidad, más allá del texto jurídico y de un paquete de medidas que también incorporan bonificaciones laborales y fiscales. La crisis del sector agrario es profunda. Las reclamaciones de un trato justo para el mundo rural no podían caer en saco roto. El Ejecutivo de Sánchez ha dado un primer paso para estructurar más equitativamente el sector, pero debe ser consciente de que aún quedan muchos más, tanto en lo que se refiere a la política agraria española como a las acciones que deben llevarse a cabo en los foros internacionales.