La salud del sistema

La importancia de la restricción institucional en democracia

La polarización que vivimos en esta legislatura se ha acompañado de una falta de respeto por el oponente y sus espacios de poder

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Pablo Casado y Pedro Sánchez, el pasado martes en el Congreso tras la votación de investidura.

Pablo Casado y Pedro Sánchez, el pasado martes en el Congreso tras la votación de investidura. / EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Para la mayoría de ciudadanos de España y Europa, la democracia es una forma de organizar la política que se da casi por descontado. Llevamos años, algunos toda la vida, bajo sistemas políticos que se catalogan así y el apoyo a esta forma de poder es abrumador, incluso con la subida de los movimientos autoritarios en el continente. Parece que no cabe demasiado debate más allá de los posibles cambios constitucionales sobre las normas específicas que lo rigen.

No obstante, que las instituciones democráticas no estén cuestionadas y sigan estructurando nuestros sistemas políticos, no implica necesariamente que estas funcionen siempre de forma democrática. Como explican los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, las instituciones democráticas no solo funcionan a través de las normas formales de las instituciones, también requieren de normas informales para poder representar de forma adecuada los intereses de los ciudadanos, permitir la rendición de cuentas y generar dinámicas de solución y gestión de conflictos inclusivas. La falta de respeto a la legitimidad del otro y la falta de restricción institucional, es decir, la tendencia a no controlar la acción de las instituciones para que no generen conflictos de legitimidad, deterioran el funcionamiento de las instituciones. Sin un respeto por las competencias del adversario, sin un respeto por sus espacios de poder, el conflicto deja de ser inclusivo y las normas de cambio y alternancia dejan de ser predecibles.

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En este sentido, la llamada judicialización de la política, o la tendencia de los distintos niveles de gobierno a solucionar sus conflictos por la vía judicial y el enfrentamiento pone de relieve que la norma de la restricción institucional sufre grandes problemas en el caso español. Una situación que pone en peligro el sistema democrático. El conflicto por los límites de las competencias no solo ha sido la norma en las relaciones entre el nivel autonómico y el estatal, también se ha dado entre instituciones del mismo nivel. Con claros conflictos entre parlamentos y gobiernos, y entre mayorías y minorías, por competencias como el nombramiento de cargos. Y lo peor es que, en muchos casos, ha sido un conflicto casi buscado, parte de una estrategia política clara.

No parece que esta vaya a ser una legislatura fácil para frenar estas dinámicas. La polarización, tanto en el tema catalán como entre Gobierno y oposición, no parece estar disminuyendo. Una polarización que se ha acompañado de una falta de respeto por el oponente y sus espacios de poder. Parece, además, que estas dinámicas de no restricción se retroalimentan, generando una desconfianza que llevan a los distintos actores a intervenir en los espacios disputados para evitar perder su cuota de poder. Pero es importante que los distintos gobiernos entiendan que en juego hay mucho más que una legislatura, estamos hablando del funcionamiento de nuestra democracia. Una democracia que no funcionará si unos y otros siguen buscando la destrucción del otro y la acumulación de poder.