Infancia Libre, Mr Rhodes y la ley del silencio

Ana María se separa cuando su niña tiene un año. El pediatra y los propios servicios sociales detectan un abuso sexual y animan a la madre a denunciarlo. La niña se pone una grabadora en un calcetín y transcribe todo lo que le pide el padre. El juez no cree a la niña y desestima el carácter probatorio de la grabación.

El padre de la hija de Rocío se había desentendido de su hija. Es el propio juzgado el que impone unas visitas, en punto de encuentro. Tras una de ellas, la menor relata unos tocamientos. Rocío interpone una denuncia por abuso. La madre no tenía ninguna necesidad de inventar una denuncia porque ella ya tenía la custodia y el padre solo veía la niña cada 15 días, durante unas horas.

En medio del proceso de divorcio de María, es la propia Fiscalia, no María, la que pidió que se investigara a su expareja «por si los hechos fueran constitutivos de un delito contra la libertad sexual del menor».  María recaba hasta 10 informes de psicólogos, psiquiatras y médicos de la sanidad pública. Pero desde el Juzgado de Valdemoro dicen que no ven claro que pueda haber abusos. Ese equipo apenas ha visto media hora al menor.

María decide escaparse con su hijo, y al poco tiempo la detienen con un enorme revuelo mediático. La policía se presenta en su casa con pistolas, como si fueran a detener a un terrorista de Al Qaeda.

A las tres mujeres se les imputa por pertenencia a una organización criminal. Una figura jurídica que se utiliza en contadas ocasiones, casi siempre para temas terroristas, organizaciones de droga, de tráfico de armas, usada esta vez para acusar a tres mujeres por denunciar a sus exparejas por abuso sexual infantil.  

A Rocío le retiraron la custodia de la niña en junio. La recuperó en diciembre.

La expareja de Ana María se presentó en la puerta del colegio con la policía y los medios de comunicación. Medios que difundieron su nombre completo, su lugar de trabajo y el nombre de la niña.

El 31 de enero del 2020 la Fiscalía archiva la acusación de trama criminal contra estas tres mujeres. Los medios que las señalaron nunca han pedido perdón.

Un informe del Consejo de Europa advierte de que uno de cada cinco niños o niñas sufre alguna forma de violencia sexual. El 85% de los abusadores son familiares.

Todos sabemos lo que ha sucedido durante años en España si el abusador era un cura. Se imponía la ley del silencio.  Aún se impone.

Cuando el abusador es el padre, no hay nada que hacer. Los casos que he contado son la punta del iceberg. Y constituyeron una advertencia: cualquier madre que se atreva a denunciar al padre por abuso sexual puede, como poco, perder la custodia y como mucho ir a la cárcel.

El caso de Infancia Libre ha sido el más visible y mediático entre muchos casos parecidos. En España, las asociaciones que luchan contra el abuso sexual infantil son perseguidas, estigmatizadas, tachadas de «chiringuitos».

Con todos los respetos al Sr James Rhodes, su caso se hizo famoso en España porque no cuestionaba a nadie. Todo había sucedido en Inglaterra, el agresor era un profesor… Pero cuando una española, una mujer, intenta hablar de un abuso sexual sucedido en España, la cuestión es otra. Yo misma escribí un libro sobre mi caso, al mismo tiempo que el señor Rhodes: se negaron a publicarlo.

Miguel Hurtado, activista y superviviente, lo resumió muy bien: «Me alegro mucho de que el Gobierno escuche a James Rhodes, pero manda narices que tenga que venir un famoso de fuera para decirnos lo que tenemos que hacer porque el Gobierno no quiere escuchar a los activistas españoles».