La Catalunya del mañana, un país con más justicia social

El republicanismo catalán tiene muchos años de historia y siempre ha trabajado por la justicia social. Durante la Segunda República impulsó importantes avances en ámbitos como el trabajo, la sanidad, el bienestar social o la igualdad entre hombres y mujeres. Un progreso imprescindible en un momento de pobreza y desigualdad persistente y terrible y que se vio interrumpido por el ascenso del fascismo.

Años después, Catalunya dispone de una economía abierta y dinámica que ha permitido construir -sobre todo a partir de la recuperación de la democracia- un sistema de protección social con altos niveles de cobertura. Con todo, el sistema económico en el que vivimos sigue generando vulnerabilidad y expulsando del progreso a muchos ciudadanos: trabajadores con contratos precarios que no llegan a final de mes, familias monoparentales que no pueden hacer frente al alquiler, familias que no pueden pagar las extraescolares a sus hijos a pesar de que ambos progenitores trabajan y ancianos que malviven en condiciones inaceptables... Una triste realidad que, como hombres y mujeres de izquierdas, nos impulsa a actuar.

Después de años de austeridad impuesta, <strong>desde el Govern hemos presentado unos presupuestos claramente expansivos y orientados a un crecimiento sostenible y de prosperidad compartida.</strong> Destinaremos 1.594 millones de euros a la financiación de las políticas de atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal, la inversión más alta de la historia en este ámbito. En trabajo, autónomos y cooperativas tenemos previsto un presupuesto de 472 millones de euros, un incremento del 16% respecto del 2017. La Renta Garantizada de Ciudadanía recibirá un impulso de 125 millones de euros para que llegue a más gente e incrementaremos la partida para a luchar contra el sinhogarismo, así como el gasto en el ámbito de las personas migradas y la infancia. Unas inversiones que van en consonancia con las de otros ámbitos del Gobierno, como la educación y la salud, haciendo que tres de cada cuatro euros del presupuesto vayan destinados a hacer avanzar el estado del bienestar.

Es cierto que hacemos un importante avance, pero también es cierto que en algunos aspectos nos quedamos cortos para poder hacer realmente el salto adelante que necesitamos. El ejemplo paradigmático lo tenemos con la actualización de las tarifas de atención a las personas, en muchos casos demasiado modesta. En todo momento lo hemos planteado como un paso inicial, con el que queremos manifestar la voluntad de ponernos al día progresivamente. Pero somos plenamente conscientes de las dificultades que conlleva esta situación y compartimos la preocupación del sector. Por este motivo -y aprovechando la flexibilización del margen de déficit-, mejoraremos las tarifas de atención a las personas este mismo 2020 más allá de lo previsto en el presupuesto presentado en el Parlament. Es una cuestión de justicia para las personas y para las entidades que con su compromiso y esfuerzo han sido un puntal básico para hacer frente a la crisis.

Somos conscientes, sin embargo, de que hay que hacer más. De que hay que ir más allá. De que necesitamos hacer más para conseguir un mundo del trabajo de más calidad y luchar contra toda forma de desigualdad. Por eso trabajamos para tener las herramientas de un Estado y poder maximizar todo el potencial social que genera nuestra economía. Los que más sufren el déficit fiscal en nuestro país son las personas más vulnerables, los que viven una situación de paro, los sin hogar, los niños que viven en familias con pocos ingresos, las personas mayores que sobreviven con una pensión ínfima y todos los colectivos que el sistema económico excluye del progreso.

Políticas sociales

Como republicanas y republicanos de izquierdas persistimos, pues, en la idea de hacer políticas sociales que no se olviden de nadie y que fomenten la equidad y la igualdad de oportunidades. Aprovechamos que el 20 de febrero fue el día mundial de la justicia social para reafirmarnos en que se necesitan políticas que nos ayuden a hacer un país donde el mundo del trabajo genere bienestar para todos. Un país cohesionado que entienda la diversidad como una riqueza, que no puede ser origen de ninguna discriminación. Un país que base su cohesión en el bien común de la fraternidad republicana, y que luche contra las desigualdades que el sistema económico genera, con políticas que empoderen a las personas y los colectivos. Un país feminista que defienda los servicios públicos y prestaciones de calidad para todos. Un país que mire el futuro con optimismo. Porque cuanto más justo sea el país que construiyamos, más libre será la ciudadanía y más cerca estaremos de la libertad.