La inspiración de los derechos humanos en la era digital

Henry Ford, consciente de la importancia que tiene situar la dignidad de las personas en el centro de todo desarrollo tecnológico, afirmó con gran acierto que “a ningún hombre debe obligársele a hacer el trabajo que puede hacer una máquina”. El significado de estas palabras pronunciadas hace un siglo por el impulsor de la producción en masa cobra hoy más sentido que nunca; siendo el impacto de las nuevas tecnologías sobre las libertades de las personas uno de los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI.

El progreso tecnológico trae consigo una forma inédita de relacionarnos con las cosas y con las personas a través de la automatización y el intercambio de datos, cobrando especial protagonismo el 'big data' y la inteligencia artificial. Pero este entraña también algunos riesgos para la ciudadanía que requieren de nuestra atención, como la invasión de la intimidad de las personas, el crecimiento de la desigualdad, los problemas relacionados con la ciberseguridad o las nuevas formas de delincuencia que aprovechan los entornos digitales para atentar contra los más vulnerables.

Ante estos nuevos escenarios, se hace más necesario que nunca enarbolar la bandera de los derechos humanos con el espíritu de velar por que la era digital avance calibrando la prosperidad económica con el imprescindible respeto a la dignidad del ser humano, la cual le es inherente por el mero hecho de su nacimiento. Bajo esta premisa, los poderes públicos deben tomar conciencia de la vital misión que tienen por delante, motivo por el que se hace imprescindible que asuman la iniciativa en una <strong>regulación </strong>que responda a las necesidades que surgen de la sociedad de la información.

Responsabilidad colectiva

No olvidemos que el recurso a las nuevas tecnologías forma ya parte esencial del libre desarrollo de la personalidad, debiendo garantizarse el acceso a las mismas para una efectiva promoción de la <strong>libertad</strong> y la igualdad de oportunidades, en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 9.2 de la Constitución española. En ese sentido, los nuevos derechos digitales deben asegurar la participación de todas las personas en la vida económica, política y cultural de su entorno, en consonancia con los postulados de una sociedad verdaderamente democrática.

Tal propósito exige de una responsabilidad colectiva que sea capaz de hacer frente a los retos que la tecnología plantea más allá del ámbito competencial de cualquier país, teniendo en cuenta el contexto de la sociedad globalizada en la que vivimos, sin dejar de inspirarse en los valores que fueron consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Para ello, los estados tienen que hacer un generoso ejercicio de cesión de competencias, que no debe entenderse en ningún caso como un vaciamiento o pérdida de soberanía nacional, sino como un nuevo paradigma en el que el componente internacional cobra un especial protagonismo a la hora de desarrollar políticas sobre aquellos temas que requieren de una solución de alcance global.

Precisamente, y como dijo Albert Einstein, “el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología”; aspirando la abogacía, especialmente la de Barcelona al ser capital mundial de la innovación, a convertirse en el foco que ilumine el camino que debe seguir el ordenamiento jurídico para la construcción de una sociedad más justa, en el seno de una nueva era digital marcada por la incertidumbre del imparable avance tecnológico.