Torra no tiene prisa en dialogar

El acuerdo de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno español y ERC, donde se fijaba la creación de una mesa de diálogo entre este Gobierno y el catalán, generó una esperada sensación de alivio y una perspectiva de solución, ni fácil ni inmediata, al conflicto del encaje territorial de Catalunya, conflicto cada vez más enquistado, más incomprensible en su desarrollo y menos fácil de resolver.

Según el acuerdo, en el plazo de 15 días después de la constitución del nuevo Gobierno debía crearse esta mesa, es decir, a finales de enero, pero los miembros del Gobierno de JxCat, que no solo no lo facilitaron sino que votaron en contra de la investidura, encabezados por su presidente actual y vicario del anterior presidente huido, están desarrollando una peligrosa estrategia en una doble dirección.

En primer lugar, y a la vista de la muy buena acogida social del nuevo Gobierno y de la mesa de diálogo, tratar de quitar todo el protagonismo posible a ERC mediante mecanismos diversos que contribuyan a otorgar la preeminencia a Torra y no a Aragonès. Dos ejemplos, entre otros, son clarificadores: uno, la exigencia de una reunión previa en el Palau de la Generalitat entre los dos presidentes, Sánchez y Torra, con todo lujo de protocolo, presencia de medios de comunicación y ruedas de prensa; reunión que, más allá de una cierta distensión institucional y personal, solo concretó que la primera mesa, presidida por ellos dos, se celebraría en el mes de febrero. Retraso, pues, de un mes, pero a lo largo de unos días todo giraba en torno al presidente catalán, que no había mostrado ni mostraba especial interés en el diálogo. El otro, la recuperación, como condición previa, de la figura del mediador, que no consta en el acuerdo inicial ni salió en la entrevista entre los dos presidentes, pero que ahora una parte de JxCat exige y ERC no, mientras el Gobierno español la rechaza.

En segundo lugar, retrasar la fecha de la primera sesión de la mesa y supeditarla a los intereses personales y electorales de Puigdemont y, más concretamente, al acto electoral previsto para el día 29 de febrero en Perpinyà. Hasta la fecha no sabemos nada de cuál será por parte catalana la composición de sus miembros, ni qué orden del día proponen ni qué frecuencia para las sesiones, ni el lugar. Solo han vuelto a ver a los partidos y entidades sociales independentistas, para reafirmar su posición, amnistía y autodeterminación, y han dejado de lado al Parlament y a la mayoría de la población catalana que no cree en la independencia pero sí en el diálogo.

Recuperar protagonismo y retrasar la mesa para evitar que ERC pueda sacar réditos electorales, resistiéndose ahora a la propuesta de calendario planteada por Sánchez, son los objetivos. No nos dicen nada, en cambio, sobre el contenido del documento entregado por Sánchez a Torra y menos aún qué respuesta le darán. Tema este fundamental para mejorar aspectos básicos de nuestra vida cotidiana, pero que siguen sin interesar a un gobierno que nunca ha gobernado.

Ahora ya solo piensa en cómo podría volver a ganar las elecciones. El diálogo más bien le estorba.