14 ago 2020

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CHEQUEO

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, conversan al oído tras el Consejo de Ministros del 11 de febrero.

EFE / Juan Carlos Hidalgo

Nueva vara de medir la credibilidad de las cuentas

Rosa María Sánchez

Lo determinante ya no es si el Gobierno logrará reducir el déficit al 1,8% este año. Lo que cuenta ahora es si el Ejecutivo convencerá a Bruselas de que a medio plazo las medidas de ajuste darán resultado

El Gobierno ha fijado un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para las administraciones públicas en el 2020. Es como decir que se espera que el agujero presupuestario de todas ellas no supere 22.400 millones este año. De ellos, 0,5 puntos de déficit han sido asignados al Estado (unos 6.350 millones); dos a las autonomías (2.540 millones) y el resto, a la Seguridad Social.

Aún no se conoce cuál será el ajuste necesario para bajar el déficit al 1,8% este año, pues no se sabe cómo se cerró el 2019. Tomando como referencia las estimaciones de déficit del 2019 del Banco de España (2,5% del PIB) o  la Autoridad Fiscal (2,2%), se podría acotar el ajuste necesario entre 5.000 y 8.800 millones.

Y las preguntas que surgen es si será posible lograrlo y si la Comisión Europea dará el visto bueno a estos propósitos.

Falta mucha información para poder responder a estas preguntas. Pero hay algunas pistas. Para el caso del Estado, el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado un mayor gasto del 3,8%. La recaudación de impuestos debería crecer aun más de ese 3,8%, pues de lo contrario no bajaría el déficit. 

Una parte de los mayores ingresos vendrá del crecimiento. El Gobierno prevé que la economía crecerá este año el 1,6% y a eso hay que añadir la inflación, que se estima en torno al 0,9%. Eso da como resultado un aumento nominal del Producto Interior Bruto (PIB) en el entorno del 2,5%, a falta de conocer la previsión oficial del Gobierno.

Así, suponiendo que la inercia de la economía aporte por sí sola un crecimiento de los ingresos del 2,5%, el resto (hasta el 3,8%y aún no se sabe cuánto más), debe venir de subidas de impuestos. Para eso, el Gobierno quiere acelerar la aprobación de las tasas digital y financiera e incluir el resto de las medidas en los Presupuestos. Pero estas medidas solo tendrían eficacia durante la mitad del año, pues previ no entrarán en vigor antes de junio. 

Siendo así, ¿es creíble un objetivo de déficit del 1,8%? La respuesta, como mínimo, roza lo imposible

Pero puede que eso no sea ahora lo determinante para la Comisión Europea. Bruselas está revisando sus reglas presupuestarias. Además, España ya no se encuentra sometida a la vigilancia de sus objetivos nominales de déficit. Lo que cuenta ahora es si España es capaz de poner sobre la mesa medidas suficientes para asegurar un giro de timón permanente en los ingresos o en los gastos. El Gobiero espera convercer a Bruselas de que con sus subidas de impuestos reducirá el llamado déficit estructural. Siendo así, lo relevante no será si esas subidas de impuestos (reducidas a la mitad, por su tardía entrada en vigor) serán capaces de reducir al déficit al 1,8%. Lo importante será si la CE considera que esas medidas son capaces de aportar a medio plazo lo que el Gobierno espera de ellas y ahí estará la clave para saber qué credibilidad concederá Bruselas a los Presupuestos que, finalmente, presente el Gobierno.

Esta razón bastaría por sí sola para justificar que la vicepresidenta Nadia Calviño haya accedido a tirar para adelante ya con la tramitación de la tasa digital, sin esperar a una decisión de la OCDE -como ella hubiera preferido-- que no llegará antes de fin de año.