Por fin: derecho a elegir morir

Debemos felicitarnos. Parece que <strong>España</strong> legislará –después de diversos intentos- sobre un tema altamente complejo: la eutanasia. Se convierte así en una de las iniciativas más pioneras de Europa y también del mundo. Ya lo fuimos en su momento con la ley sobe el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo fuimos también cuando se aprobó la ley integral contra la violencia de género en su momento. Debemos enorgullecernos cuando podemos liderar avances sociales que son cada vez más sensibles a las realidades sociales. Parece que -a pesar de los intentos retrógrados de las derechas- la consolidación de derechos de la ciudadanía se afianza con esta nueva ley.

Si bien la mayoría social de este país hace más de una década que se muestra a favor de la regulación de la eutanasia, hemos topado hasta ahora con concepciones que, más allá de nombrarlas conservadoras, pretenden ejercer un control férreo sobre la vida de las personas. El derecho a decidir sobre nuestra propia muerte debe estar por encima de cualquier limitación legal. Aparentemente algunas de las objeciones tradicionales han tenido que ver con la regulación de la práctica y cómo garantizar la seguridad legal de los colectivos médicos o los eventuales 'abusos' de familiares. Sin embargo, lo que subyace tras estos argumentos -que en el fondo son tácticos- es una cuestión ideológica: ¿De quién es la 'propiedad' de la propia vida? ¿A quién pertenece el derecho a cómo vivirla o morirla? Son las religiones diversas (pero especialmente la católica en España) las que sitúan el derecho a decidir sobre la vida y la muerte en un lugar distinto a la persona en su ejercicio de un derecho; es por ello que, cuando abrimos el debate sobre la eutanasia, lo abrimos también sobre el nivel de injerencia de la/s religiones en el Estado.

Actualmente, España, como Estado laico, debería situar la cuestión en cómo hacer posible la eutanasia garantizando los derechos de todas las personas que intervienen (persona enferma, familiares, amistades, profesionales) pero en ningún caso en valorar el ejercicio de este derecho. Que exista el derecho no significa que la ciudadanía tenga la obligación de ejercerlo. Parece una obviedad, ¿no? Pero no lo es. Sin embargo, cuando limitamos los derechos sobre la vida y la muerte de una misma sí estamos forzando una posición ideológica religiosa sobre una mayoría de la población que no es necesariamente compartida. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos independientemente del credo o religión particular. La obsesión de las derechas por imponer una determinada visión de la vida y de cómo vivirla no debería entrar en la ecuación.

La misma situación hemos vivido con el derecho a la interrupción del embarazo. Las leyes deben facilitar e igualar oportunidades pero no limitar libertades. Esta ley vendrá a reparar y reconocer injusticias históricas que han sufrido muchas personas. Respetar voluntades, aunque nos duela. Un gran avance social.