Justicia fiscal, justicia social

La derecha repite que el dinero genera más rentabilidad si está en el bolsillo de la gente. Que si los ricos pagan impuestos no se creará riqueza. Que las administraciones públicas deberían gestionar aún menos recursos, privatizando parte de los servicios. Lo público, pagado con impuestos, quieren que sea privativo. Esto convierte derechos de ciudadanía en derechos mercantiles: los primeros son universales, los segundos no. Este modelo desmantela el estado de derecho como modelo inclusivo de la democracia. ¿Quién se beneficia más de un estado de derecho? ¿Quién necesita acceder a la educación y la sanidad universales y gratuitas, que es quien se queda sin ingresos, quien necesita que se le garantice un derecho constitucional como la vivienda? La respuesta es clara, quien menos tiene.

La riqueza de las personas puede provenir de las rentas del trabajo o de las rentas del capital, es decir. bien de un salario o de fortunas y propiedades. Del total de la riqueza del país, el 52% son rentas del capital mientras que el otro 48% es de rentas del trabajo. Pero, en contraste, el 75% de la gente solo obtiene rentas del trabajo, salarios. Para rematar la ecuación, la contribución fiscal de las rentas del capital no llega a la mitad de la que realizan las rentas del trabajo. Quien más tiene y gana paga mucho menos en términos porcentuales, relativos y limpios que quien tiene menos.

España tiene una contribución fiscal del 35% de su PIB. La contribución media de la UE es del 41%. Países como Francia (48%), Italia (43%), Alemania (42%), Bélgica (47%) y Suecia (44%) nos dicen que el margen de España para incrementar los ingresos fiscales está entre los 80.000 y 90.000 millones de euros al año. Entre el 2005 y el 2017, España ha reducido su contribución fiscal sobre el PIB en 1,4 puntos, mientras la media de la UE la ha incrementado 1,4 puntos. Podemos asegurar que nuestro país no tiene una presión fiscal que perjudique la competitividad de nuestra economía, ya que estamos muy por debajo de las economías con las que tenemos que querer competir.

Una forma de afrontar este diferencial es luchando contra el fraude fiscal, cosa necesaria pero no suficiente. Lo han planteado las patronales, curiosamente. Pero, ¿quién comete fraude fiscal? Los técnicos de Hacienda aseguran que la gran empresa es responsable del 71%. Las mismas grandes empresas que se benefician del impuesto de sociedades actual. Este es del 10,5% pero aplicando los factores de bonificación varía mucho: microempresa, 14,8%; pequeña, 18,8%; media, 13,7%; grande con menos de 5.000 trabajadores, 8,7%; grande con más de 5.000 trabajadores, 4%.

Las entidades financieras pagan solo un 2,8% y las constructoras e inmobiliarias, un 3,5%. Se beneficia aún más a las empresas que declaran como grupo, favoreciendo la ingeniería societaria de las grandes corporaciones. Desde CCOO, proponemos corregir el dumpin de competitividad empresarial con un suelo del 15% sobre el resultado contable y no sobre la base imponible como está ahora.

Ante la patronal que grita en contra una corrección del sistema fiscal, en contra de corregir el diferencial con los países de nuestro entorno, en conta de equilibrar el marco de la competitividad interna entre las empresas nacionales, observamos los beneficios de las empresas. Antes de la crisis suponían un 40% del activo total y en el 2018 ya superaban el 50%. Las empresas han aprovechado esta situación para recomprar acciones propias o para pagar dividendos a sus accionistas, pero no para invertir en productividad.

Hay quien quiere hacer negocio ofreciendo bienes de uso y servicios a la ciudadanía aunque se genere desigualdad y sufrimiento. Y, en cambio, nosotros queremos un modelo social de derechos y unos servicios públicos de calidad que garanticen igualdad y bienestar a los ciudadanos.

Hay quien trabaja para acumular rentas del capital. Nosotros presionamos para que las rentas del trabajo obtengan la parte de riqueza que han creado.

Hay quien quiere que las empresas grandes ahoguen a las pequeñas con un marco normativo enormemente ventajista, o que los productos y servicios compitan a bajo precio y no por calidad e innovación. Nosotros queremos que las empresas paguen impuestos en la medida de su beneficio. Que los que más tienen y ganan paguen más impuestos no es apocalíptico, sino justo.