Presupuestos, a toda costa

El último tirabuzón de la trama independentista a punto está de rasgar el pasaporte de la legislatura de Pedro Sánchez. 

El reconocimiento de Torra de su ruptura con Esquerra y el anuncio del 'president' de una convocatoria electoral en Catalunya una vez que resulten aprobados los presupuestos autonómicos atraviesan como un bisturí la estrategia de Pedro Sánchez.

Como muy pronto, el proyecto de presupuestos autonómicos que la Generalitat ya ha remitido al Parlament podrá quedar aprobado a finales de marzo. Siendo así, las elecciones en Catalunya no podrían ser antes de finales de mayo, …o tal vez después, si Torra opta por juguetear con las fechas.

Este calendario electoral autonómico y la rivalidad sin tregua entre JxCat y ERC obligan a Pedro Sánchez a posponer la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que había previsto iniciar en marzo. El presidente sabe que mientras dure la campaña electoral en Catalunya no puede pedir a ERC sus necesarios votos para los Presupuestos Generales del Estado del 2020, que constituyen el pasaporte con el que el actual Gobierno de coalición podría alargar la legislatura al menos dos años más, hasta el 2022, con una prórroga por medio.

Si las elecciones autonómicas son a finales de mayo, Sánchez podría aspirar a una primera votación de sus Presupuestos en e junio y la votación definitiva, a finales de julio o agosto. A pesar del retraso, eso otorgaría a Sánchez ‘un visado’ de al menos dos años para transitar por la legislatura.

A partir de ahí, cada semana o mes que Torra demore su cita electoral complicará más y más el calendario de Sánchez. Llevar la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado más allá de agosto restaría sentido a unas cuentas que como mucho tendrían cuatro meses de vida en este ejercicio (hasta diciembre). Eso, sin contar con que, sin haber terminado de aprobar las cuentas del 2020 el Gobierno ya  tendría que haber empezado a cumplir los trámites para confeccionar los del 2021. 

Tomando en cuenta todo esto, una opción posible pasaría por, primero: renunciar desde ahora a unos nuevos Presupuestos para el 2020; segundo: diseñar una estrategia de aprobación por partes de sus elementos esenciales (por la vía de decretos o de leyes tributarias), y tercero: encarar después del verano un proyecto presupuestario para el 2021 que, en todo caso, podría ser prorrogado en el 2022 y alargar la legislatura hasta el 2023. 

Pero esta opción tiene un problema para el Gobierno. Alargaría en el tiempo su dependencia de ERC, con riesgo de tener que encajar nuevas exigencias de los independentistas. Esta lógica lleva a pensar que cuanto antes logre Sánchez aprobar su primer (y tal vez único) Presupuesto de esta legislatura, antes podrá liberarse de esas exigencias. Y si es en agosto o septiembre, mejor que en diciembre(que es cuando cabría aprobar las cuentas del 2021). Y aunque tenga escaso sentido económico aprobar unas cuentas en la última parte del año, puede que se imponga la lógica política de forzar unos Presupuestos en el 2020, sea como sea.