Los retos del Gobierno

La prometido es deuda, pero hay otras deudas

Nuestro mercado de trabajo está seriamente dañado, y no por la reforma que ahora se quiere corregir, sino por una estructura que se remonta a los primeros años 80, cuando entramos en Europa

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Antonio Argandoña

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El salario mínimo sube un 5,5%, hasta 950 euros al mes. Lo prometido es deuda. De acuerdo. Pero hay otras deudas que afectan al mercado de trabajo en España, y que esperan del nuevo Ejecutivo la atención que hace años que nadie les presta. Entiendo que preparar estas resoluciones políticas lleva tiempo, y que es importante hacer gestos claros cara a los votantes. Por eso estoy dispuesto a esperar unas cuantas semanas, hasta conocer qué piensa hacer el Gobierno sobre estos temas. Todos mis comentarios arrancan de noticias de prensa de las últimas semanas.

- El 14% de los que quieren trabajar en España no tienen un empleo. Esto es un fracaso de nuestro modelo laboral. Sobre todo cuando se tiene en cuenta a los que están ocupados pero querrían trabajar más horas. Al final, resulta que el 23% de la población activa española no tiene el empleo que le gustaría: 5,4 millones, uno de cada cuatro 'currantes'. 

- Necesitamos diez millones de inmigrantes para hacer sostenible el sistema de pensiones públicas. Supongo que en esta estimación del ministro se incluye el supuesto de que habrá puestos de trabajo para todos ellos… y para los que ya están aquí y quieren trabajar. El 57% de los trabajadores en la construcción son inmigrantes y, una de dos, o pensamos que están 'robando' el empleo a los nacionales, o están ocupando los empleos que los nacionales no quieren ocupar.

- La precariedad laboral sigue siendo alarmante en España: un 43% de los contratos firmados desde 2014 son temporales. Téngase en cuenta que, cuando ofrecemos un contrato basura a un chico joven, le estamos diciendo que, cuando se jubile, es poco probable que tenga derecho a una pensión decente.

- Desde el inicio de la crisis hemos perdido 1,9 millones de puestos de trabajo ocupados por empleados de baja cualificación (estudios primarios); el 43% de los empleos los ocupan ahora trabajadores con estudios universitarios o superiores. Esto tiene varias lecturas posibles. Una es que el sistema educativo no funciona como ascensor social, al menos en la parte baja de la escala laboral. Otra, que muchos de esos trabajadores están sobrecualificados, lo que quiere decir también que su remuneración es inferior a la que esperaban.

- Hay otra interpretación para ese desajuste: el mercado no es capaz de igualar la oferta y la demanda, probablemente por falta de adecuación de la oferta. O sea, el fracaso del mercado laboral se extiende al sector educativo, principalmente en los escalones bajos (primaria y ESO) y en Formación Profesional. Aunque es verdad que hay mecanismos correctores de ese desajuste: 'bootcamps' y agencias de certificación, por ejemplo. Privadas, claro, porque los mecanismos públicos no funcionan: el Servei d’Ocupació de Catalunya, por ejemplo, intermedió un 8,16% menos de ocupaciones en el 2019 (no tengo noticias de que hayan reducido la plantilla, a la vista de la caída de sus 'ventas').

Una reforma laboral coherente

Todavía me quedan argumentos en la recámara, pero con lo dicho me parece que ya es suficiente. Nuestro mercado de trabajo está seriamente dañado, y no por la <strong>reforma </strong>que ahora se quiere corregir, sino por una estructura que se remonta a los primeros años 80, que sirvió para relanzar la economía española cuando entramos en Europa, pero que no sirve ya para asegurar una probabilidad decente de empleo y nivel de vida a la mayoría de ciudadanos, unos ingresos suficientes para las familias (el 13% de los trabajadores en España son pobres, según la OIT, cifras de 2019) y un Estado del bienestar sostenible.

El 23% de la población activa española no tiene el empleo que les gustaría: 5,4 millones

Ahora espero que nuestros (muchos) departamentos ministeriales se pondrán a trabajar conjuntamente para ofrecer a los ciudadanos, primero, una fotografía completa de nuestro mercado de trabajo; segundo, un conjunto ordenado de diagnósticos de los que nos pasa; tercero, un listado de posibles soluciones para los problemas más urgentes o más graves, que pongan las bases para una reforma laboral coherente, combinada con las necesarias reformas fiscales, educativas, de la dependencia, de la sanidad, etcétera, porque todas están relacionadas.

Cuando Suecia pasó por una durísima crisis económica en los años 90, nombraron un ministro de Reformas que cada semana se reunía con la prensa para informar de lo que habían hecho y de lo que harían en la semana siguiente. No era un gobierno conservador, de modo que pienso que el nuestro podría aprovechar algo de la experiencia que ellos recogieron. Lo prometido es deuda: vamos a por ellas.