19 sep 2020

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Análisis

Quim Torra, en Estrasburgo para acompañar a Puigdemont y Comín en el Parlamento Europeo.

VINCENT KESSLER / REUTERS

La ridiculez de Torra

Joaquim Coll

Todos lamentamos la judicialización de la vida política, pero esa es una consecuencia y no la causa real de nuestros problemas, contrariamente a lo que muchas veces se da a entender. La judicialización ha sido inevitable porque los políticos independentistas decidieron actuar como si las leyes no fueran con ellos. Lo grave es que siguen haciéndolo hasta la ridiculez. Aunque la desobediencia de Quim Torra con el tema de la pancarta fue tan estéril como cobarde, va a provocar su inhabilitación como 'president' y el adelanto electoral. Por ahora pierde solo su condición de diputado en una controvertida decisión de la JEC que fue leída por algunos como una injerencia política para descarrilar la investidura de Pedro Sánchez, pero que el TS ha avalado con sólidos argumentos. Una cosa es que el PP tuviera interés en que ese convulso escenario impidiera la abstención de ERC, y otra que el organismo electoral actuara por motivos políticos. 

Cuando Torra acusa a la JEC de actuar de forma “sesgada, deliberada y parcial” para quitarle su acta de diputado, está mintiendo. Quien le priva de ello, como afirma el TS, es una sentencia condenatoria del TSJC que, aunque no sea firme, es ya ejecutiva según la LOREG al tratarse de un delito contra la administración pública. El organismo electoral lo que hace es aplicar esa norma, pues Torra se ha convertido en inelegible de forma sobrevenida. Es cierto que hay un debate jurídico sobre si una sentencia penal todavía recurrible puede conducir a la inhabilitación del condenado, pero la JEC se limita a suspenderle de diputado sin apartarlo del cargo de 'president'. Si finalmente el TS optara cuando estudie la cuestión de fondo por no inhabilitarlo, podría recuperar el escaño. Pero la defensa de Torra da su causa por perdida y está agotando el plazo para presentar el recurso de casación, que vence a principios de febrero, sobre la consecuencia penal de desobediencia dictada por el TSJC el pasado 19 de diciembre.

Torra anuncia ahora acciones contra la JEC por un posible delito de coacciones. Es ridículo que alguien que defiende la soberanía absoluta del Parlament, por encima de las leyes y los órganos judiciales españoles, haya presentado un recurso cautelar ante el TS y, cuando no le dan la razón, amenace y se niegue a cumplir la resolución. Desde el viernes pasado, el 'president' está presionando a través de tuits y comunicados a Roger Torrent para empujarlo a desobedecer permitiéndole votar en el pleno de este lunes e ignorando la pérdida de su condición de diputado. Durante el fin de semana, en ERC han guardado un sepulcral silencio. El final de la legislatura puede precipitarse esta semana en función de los intereses de JxCat. Y aunque no sea así, es dudoso que sobreviva mucho más porque el recurso final ante el TS se sentenciará rápido al tramitarse como impugnación por derechos fundamentales. Igual no hay tiempo ni para culminar la aprobación de los presupuestos, que podrían ser entre tanto impugnados si Torra participara en la votación. Tampoco en este caso la culpa sería de la justicia, sino de la ridiculez del personaje. 

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