24 feb 2020

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Supremo y JEC tensan la cuerda

El apremio en inhabilitar a Torra sin esperar a que se resuelva el caso fuerza innecesariamente la situación

El Periódico

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el hemiciclo del Parlament.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el hemiciclo del Parlament. / EUROPA PRESS

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condenó a inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de retirar una pancarta reivindicativa durante la campaña electoral. Hasta que el Supremo resuelva el recurso contra la sentencia faltan aún unos meses: solo entonces la sentencia será firme y, por más que Torra se quiera situar más allá de cualquier sentencia, de confirmarse el fallo incumplirlo sería tanto como vulnerar el Estatut.

Sin embargo, la intervención de la Junta Electoral Central, dictando la inhabilitación de Torra como diputado sin esperar a que las instancias judiciales superiores resuelvan el fondo del asunto, ha interferido indebida e inoportunamente en este proceso, desbordando su papel de administración electoral y suscitando dudas legítimas sobre una decisión complicada por las contradicciones existentes en la actual legislación estatal y autonómica, que reclamarían probablemente la intervención del Tribunal Constitucional. La Sala de lo Contencioso del Supremo, que aún debe resolver el recurso sobre la decisión de la JEC, insistió este jueves en ejecutarla y perdió la oportunidad de aplazarla cautelarmente, como pedía la propia fiscalía, hasta que ella misma decida sobre el recurso a la decisión de la JEC (o aún mejor, hasta que la Sala de lo Penal del mismo organismo se pronuncie sobre la sentencia del TSJC).

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La JEC no ha tardado a reclamar que el Parlament retire el acta de diputado a Torra en 48 horas. Su apremio pone en un brete a las fuerzas que apoyan el Govern: si ningún recurso lo impide o el ‘president’ no asume la solución de compromiso de renunciar como diputado y mantenerse al frente del Govern, la insistencia de Torra en la insumisión a las decisiones del poder judicial pueden entrar en breve plazo en conflicto con la decisión de sus socios de Govern de no reincidir en gestos que pongan en riesgo las instituciones catalanas frente a los tribunales. Una encrucijada que solo puede beneficiar a quienes buscan la desestabilización.