Desinflamar para desenladrillar

El nombramiento de Dolores Delgado, antes ministra de Justicia, como nueva fiscala general del Estado ha sorprendido. Se dice que es poco estético, pero en muchas democracias el fiscal general está ligado al Gobierno. En Estados Unidos el ministro de Justicia es el fiscal general y John F. Kennedy nombró para el cargo a su propio hermano Robert.

Ya en el primer Gobierno de Sánchez (junio del 2018) un mensaje clave fue el de la ministra Delgado afirmando que para encarar la crisis catalana antes había que desinflamar. Pero con presos -entonces preventivos, hoy condenados- que representan el 47% de Catalunya, la desinflamación es un peligroso campo de minas. Y en lo que se avanzó (poco), la ministra Delgado fue relevante. Sin que la abogacía del Estado viera solo sedición en lo que la fiscalía del Supremo calificaba de rebelión, la sentencia final habría sido más dura (rebelión) y los condenados no se podrían acoger a los beneficios penitenciarios hasta la mitad de la condena. Todo estaría todavía peor y más crispado.

Ahora cuando en su segundo Gobierno, Sánchez insiste en la desinflamación y la desjudicialización tiene lógica que haya elegido de fiscal general -con más poder práctico que el ministro de Justicia- a quien ya antes promovió la idea con cierta eficacia.

Es una vía compleja y difícil que será atacada tanto por los independentistas mas fieros como por los unitaristas que ven en la Constitución una barrera no solo contra la independencia sino contra cualquier aumento del autogobierno. Pero es una vía si queremos apartarnos del enfrentamiento permanente.

Hay que desinflamar para que lo de volver a la barbaridad del unilateralismo (Trapero dixit) y el 155 queden obsoletos. Y ahora, tras las sentencias del Supremo y de la Corte Europea de Luxemburgo, desinflamar pasa por desjudicializar al máximo, pero dentro de la ley. Así la idea lanzada por el presidente, la portavoz y la vicepresidente Calvo, de reformar el Código Penal para cambiar varios delitos (libertad sexual, ecológicos y de rebelión y sedición) puede ser un paso adelante. No se trataría -en lo que José Antonio Zarzalejos ha calificado de proceso limpio- de alterar las sentencias, indultar o incluso amnistiar -prohibido por la Constitución- sino de que el poder legislativo en uso de sus prerrogativas redefina los delitos de rebelión y sedición, así como las penas con que son castigados. Y así, en virtud del precepto universal del derecho penal, los condenados se beneficiarían automáticamente de la rebaja general de las penas.

Ramon Espadaler, diputado democristiano adscrito hoy al grupo del PSC, me indica que de esta manera se desinflamaría el conflicto respetando escrupulosamente la ley y la separación de poderes. La reforma del Código Penal es una apuesta arriesgada que necesitaría mayoría absoluta en el parlamento y por tanto el voto positivo de ERC (no solo la abstención de la investidura). Si se transitara este camino quizás “desenladrillar” la crisis catalana sería más factible. Quizás.