10 jul 2020

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La declaración de Trapero

El ’major’ de los Mossos Josep Lluis Trapero y su abogada, Olga Tubau.

Javier Barbancho

Rebelde sin causa

Jordi Nieva-Fenoll

Nada tiene que ver el protagonista de la inolvidable película de Nicholas Ray con el antiguo mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Está, sin embargo, acusado de rebelión de manera absolutamente incomprensible después de que el Tribunal Supremo dijera que los hechos que enjuició –que son los mismos que los de este proceso– debieran calificarse como sedición y no como rebelión.

Nadie sabe a ciencia cierta por qué el magistrado instructor, al contrario de lo que ordena la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decidió dividir la causa en dos procesos si los hechos a juzgar, no es que estuvieran relacionados, sino que eran los mismos. Sea como fuere, la división de la causa provoca el riesgo de que se pronuncien sentencias contradictorias. Además, que la prueba de este proceso ya haya sido en buena medida practicada y evaluada en el primero, pone en peligro muy seriamente el derecho de defensa y hasta la independencia del tribunal. Por último, es muy perturbador que en la sentencia del primer proceso se hayan hecho afirmaciones –a veces inevitables– sobre la responsabilidad de Trapero que comprometan su derecho a la presunción de inocencia, como también ha ocurrido.

Pero aún y así, ambos procesos son independientes y la sentencia del Tribunal Supremo no debe condicionar lo que acabe sentenciando la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Sin embargo, ese desiderátum teórico es irreal. Es materialmente imposible que este tribunal declare la existencia de un delito de rebelión después de la sentencia del Tribunal Supremo. Sería una rebelión organizada por cuatro policías que no pudo tener lugar porque lo que se produjo fue una sedición, siempre según el Tribunal Supremo. Hay que recordar, además, que se trata de delitos distintos para nuestro Código Penal. La punición del delito de rebelión protege genéricamente la Constitución, y la del delito de sedición trata de preservar el orden público. Por tanto, no se puede saltar sin dificultad de un delito a otro. La sedición es un alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o el ejercicio de la autoridad. La rebelión es también un alzamiento público, no necesariamente tumultuario, pero realizado con la violencia necesaria, no para provocar desórdenes graves, sino directamente para conseguir usurpar el poder del Estado. La estrategia probatoria de la defensa frente a ambos delitos es, por ello, totalmente distinta.

Sin embargo, la fiscalía parece haberse querido aislar de la sentencia del Tribunal Supremo habiendo presentado esta acusación por rebelión. Se ha insinuado que se trata de una estrategia para preservar la ya muy cuestionable competencia de la Audiencia Nacional, a fin de que el proceso no acabe en la Audiencia Provincial de Barcelona. El propio fiscal del caso puso en su día en duda la “imparcialidad y serenidad” de este último tribunal para juzgar la causa. Si esa gravísima e injustificada afirmación fuera la razón del mantenimiento de la acusación por rebelión, la conducta de la fiscalía es absolutamente reprobable y debiera ser corregida con urgencia. Es algo que ya debiera haber ocurrido. Esperar al final del proceso para hacerlo solamente habrá provocado una vulneración del derecho al juez natural que muy difícilmente podrán aceptar el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, llegado el caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Inmune a todo lo anterior, la fiscalía ha conducido un durísimo interrogatorio al exmayor, que este ha respondido con serenidad, rigor y solvencia, como ya lo hizo ante el Tribunal Supremo donde su testimonio fue clave, como reconoce la sentencia. Persiste el problema de la manifiesta ignorancia de muchos jueces y fiscales por la psicología del testimonio. Las preguntas son muy frecuentemente letanías que intentan conducir al acusado, lo que dificulta que la prueba sea útil. Algún día tendrán que cambiar esos usos.

 Sin embargo, el problema central de este proceso es que la fiscalía intenta calificar como rebelión –eventualmente como sedición– una simple discrepancia operativa entre cuerpos policiales. Más allá de testimonios y apasionamientos, el punto de vista técnico de los especialistas será decisivo en este proceso. ¿Podían –entre unos y otros– unos 14.000 agentes contener razonablemente y de manera proporcionada a más de dos millones de personas que solo querían votar en 2.259 –2.294 o 2.315 según otras fuentes– puntos de votación?