05 abr 2020

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Editorial

Trapero, en el banquillo

El uso político de los Mossos tiene consecuencias indeseadas para el cuerpo y puede tenerlas penales

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El Periódico

Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional.

Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional. / JOSÉ LUIS ROCA

La segunda parte del juicio del ‘procés’ se juega en la Audiencia Nacional y sienta en el banquillo a la cúpula policial y política de Interior en otoño del 2017: el mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de la policía autonómica Pere Soler y el exsecretario de la Conselleria d’Interior Cèsar Puig. En los dos primeros días de juicio, Trapero ha sido el protagonista de un minucioso interrogatorio por parte de la fiscalía respecto su papel el 20 de septiembre del 2017 ante la Conselleria d’Economia y los días anteriores y posteriores al 1 de octubre. El juez instructor decidió separar estas dos causas, y esta decisión ha causado que el juicio a la cúpula de los Mossos se celebre después del proceso a los miembros del Govern en el Tribunal Supremo. A tres de los encausados a la Audiencia Nacional se les pide 11 años de cárcel por rebelión cuando en su sentencia el TS dijo que no hubo rebelión sino sedición.

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En el interrogatorio a Trapero, al igual que sucedió en el juicio del TS y como probablemente ocurrirá en todo el proceso en la Audiencia Nacional, el nudo gordiano es el hecho de que el mismo Govern que organizó el referéndum controlaba a los Mossos que debían evitarlo. Este situación insostenible dio lugar a irresponsables declaraciones políticas (que bajo una determinada interpretación penal dan pie a un relato de la fiscalía muy duro) y a que todas las acciones de la policía autonómica fueran analizadas con lupa. En el otoño del 2017, se las estudiaba bajo un prisma político, y hoy, bajo un prisma judicial.

Trapero, héroe popular del independentismo tras los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, declaró en la Audiencia que la vía unilateral fue una «barbaridad». Como ya hizo en el TS, busca una defensa estrictamente técnica de su labor policial y se desmarca de las decisiones políticas. La apropiación política de los Mossos (que se deben a todos los ciudadanos, no solo los independentistas) tiene consecuencias indeseadas para el cuerpo y, en el proceso de judicialización del ‘procés’, puede tener duros efectos penales.