Tragedias que cambian leyes

El recuerdo de la muerte de Ana Orantes a manos de su marido hace 22 años ha vuelto a la actualidad con el obituario del New York Times, que la recuerda como la víctima que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en España. Ese emocionante obituario, en nuestras latitudes, no hace falta para recordarla. Detrás de cada caso de maltrato, pero sobre todo detrás de cada detención, condena y en definitiva orden de alejamiento de un hombre violento respecto a su víctima, el caso de Orantes palpita de forma ensordecedora. El asesinato  de la valiente Ana nos dejó un legado en forma de coraje, al denunciar públicamente su caso, y en forma de respuesta del Estado, que por fin se decidió a legislar contra la lacra de la violencia de género.

Las tragedias, a veces, mueven el mundo. La niña Alba, maltratada repetidamente por sus padres y pobremente atendida por su entorno, que no supo ver y articular una respuesta coordinada para sacarla del infierno de su casa, nos sacudió como sociedad en 2006. Los protocolos de atención a los niños maltratados cambiaron, y el tristemente conocido como caso Alba dejó un Nunca más indeleble en las pautas de actuación de los trabajadores que desde el ámbito educativo, social o médico tratan con nuestros pequeños. A veces el drama es de grandes dimensiones: los miles de millones de animales muertos y 28 personas fallecidas en Australia por los fuegos forestales que queman hace meses sin tregua han llevado a la opinión pública del país a reclamar una respuesta al modo de la que desencadenó en 1996 la matanza indiscriminada de 35 personas en Port Arthur, que acabó forzando una normativa de control de armas. El Gobierno de Nueva Zelanda emuló la iniciativa tras sufrir otra masacre armada el año pasado. ¿Forzará  la catástrofe ambiental leyes contra las emisiones de carbono  en el continente australiano?

El nuevo Gobierno de coalición de Sánchez tiene en su agenda la modificación de una ley de otra índole, la que obliga a las menores de edad a pedir permiso a sus padres antes de acometer un proceso de interrupción del embarazo. En el sentir general está la necesidad de abordar este cambio. Pero solo la urgencia que  imprime un caso como el de la muchacha de 16 años que no pudo frenar su embarazo no deseado por falta de atención del sistema sanitario debería suponer el revulsivo último para mover la lenta toma de decisiones que hay detrás de toda administración. El aborto frustrado se convirtió en un infanticidio, tal y como desveló EL PERIÓDICO, y su  tragedia tiene ecos en ese centenar de menores que se calcula que cada año recurren a abortos clandestinos, aunque sean con la compra ilegal de pastillas abortivas por internet.