Lo exigible y lo idóneo

Para tratar de lograr la unanimidad, el presidente en funciones del CGPJ en funciones, Carlos Lesmes, cambió la fórmula empleada en los informes de los últimos fiscales generales y eliminó el párrafo donde se afirmaba su idoneidad. Ahora se dictaminaba únicamente que Dolores Delgado reunía los requisitos legales exigidos.

Por si no quedaba claro el matiz y que lo hacían porque no había otro remedio, con ese gusto por el exceso tan propio de la derecha judicial española, vocales en funciones del CGPJ en funciones buscaban forzar dos votaciones; una sobre lo exigible y otra sobre la idoneidad. La petición venía de algunos de los vocales que se había opuesto rotundamente a doblar de tal modo la votación cuando se discutieron los candidatos propuestos en su día por Mariano Rajoy.

A los vocales se les hizo de noche y a siete la noche les confundió. En un CGPJ que debía haberse renovado hace más de un año, lo exigible sería que se hubiera comportado con la misma prudencia que había reclamado horas antes, con un imprudente comunicado emitido cuando el Gobierno no llevaba ni un día en el cargo; había tantas ganas de marcar territorio al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cualquier farola valía para dejar la marca. La justicia emana del pueblo, no de los jueces; ellos solo la administran. Por eso nada más democrático que la elección de sus vocales en el Parlamento. Igual que el fiscal general depende jerárquicamente y lo nombra el mismo Gobierno al cual hemos votado, no a los fiscales, para que marque sus prioridades y sus políticas. La independencia de la fiscalía reside en su sometimiento al principio de legalidad.

Si sus señorías tuvieran ese sentido institucional que tanto gustan reclamar a los demás y tanto les preocupara la politización de la Justicia, habrían hecho aquello que dicta el sentido común; tramitar el informe sin mover una coma de las fórmulas utilizadas hasta la fecha. Ni le toca, ni le corresponde, ni está legitimado un CGPJ en funciones para discutir la idoneidad de nadie, mucho menos la del giscal general; este consejo y sus vocales ni siquiera deberían estar allí.

Lo exigible era dejar pasar discretamente. Lo idóneo habría sido que el informe lo hubiera emitido un Consejo en plenitud de sus funciones, con sus miembros renovados para  ajustarse a los nuevos equilibrios parlamentarios. Pero el Partido Popular bloquea el relevo para mantener de manera artificial su mayoría. Lo hace sin que el coro de fariseos, indignados con Dolores Delgado porque es fiscal pero fue ministra, vea problema alguno en que un partido utilice de manera tan filibustera sus instituciones.

Si de verdad preocupa tanto a los vocales conservadores del Consejo el uso político de la Justicia, no se entiende qué hacen aún ocupando sus cargos, facilitando a los mismos que les pusieron ahí semejante uso partidista del gobierno de los jueces. Más que examinar la idoneidad de Dolores Delgado, tal vez deberían haber empezado por examinar la suya.