19 feb 2020

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Editorial

La idoneidad de la fiscala general

El CGPJ, en funciones desde hace un año, debería obrar con prudencia ante el nuevo Ejecutivo

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El Periódico

Dolores Delgado, el lunes, antes de traspasar su carpeta de Justicia al nuevo ministro Juan Carlos Campo.

Dolores Delgado, el lunes, antes de traspasar su carpeta de Justicia al nuevo ministro Juan Carlos Campo. / EFE / BALLESTEROS

Divididos (12 votos a 7), con un voto particular discrepante y con el anuncio de que habrá votos concurrentes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio este jueves vía libre al nombramiento de Dolores Delgado como fiscala general del Estado. Fue una luz verde a regañadientes, con un redactado que se limita a constatar que la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE cumple «los requisitos exigidos» para el puesto. El redactado final elimina una frase utilizada en los acuerdos para la elección de los últimos cuatro fiscales generales en los que se señalaba la «idoneidad» del nombramiento. En su informe sobre Delgado –un trámite no vinculante en el que el órgano de gobierno de los jueces analiza si el candidato cumple los requisitos formales para ese cargo– el CGPJ no considera que el currículum de la exministra sea idóneo para el cargo.

El redactado sin referencia a la idoneidad fue un vano intento del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de lograr un voto conjunto y no abrir un segundo enfrentamiento con el Gobierno en dos días, después de que el miércoles el CGPJ afeara al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, unas declaraciones en las que afirmaba que la justicia europea ha humillado a la española en los asuntos relacionados con el ‘procés’. Pero Lesmes no evitó una división que no se veía desde 1986 con la elección de Javier Moscoso. Los siete votos discrepantes corresponden a vocales propuestos por el PP.

Aunque sin duda un informe negativo hubiera abierto una crisis entre el poder judicial y el ejecutivo, la formula final del informe no oculta el pulso abierto entre judicatura y Gobierno. El nombramiento de Delgado es controvertido. Pasar del Gobierno a la fiscalía genera legítimas dudas respecto la independencia del ministerio fiscal, en un momento tan sensible judicial y políticamente como el actual. Sin embargo no debe olvidarse que por ley corresponde al Gobierno nombrar al fiscal general del Estado.

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Quizá el órgano de gobierno del Poder Judicial debería haber actuado con más prudencia –o esa mesura que le ha exigido públicamente a Iglesias– dada la situación en la que se encuentra: en funciones desde hace un año, que es el tiempo que hace que el CGPJ debería haberse renovado. Resulta extraño ver a vocales en funciones nombrados por partidos políticos negarle la idoneidad a la nueva fiscala general por motivos políticos. La independencia de la justicia de la política no es enemiga del respeto institucional, y no se refiere tan solo al Gobierno sino también a los partidos políticos, incluidos los de la oposición.

Es cierto que es responsabilidad de los partidos, y no de los jueces, el bloqueo del CGPJ. En este sentido, la actitud de obstruccionismo del PP de Pablo Casado es irresponsable. Pero si el salto de Delgado desde el Consejo de Ministros a la fiscalía es poco estético, también lo es que los vocales nombrados a instancias del PP traten este nombramiento como no hicieron con los de los gobiernos conservadores. Tan inadmisible son los políticos metidos a jueces como los jueces que imprudentemente dan la impresión de hacer política.