La montaña rusa de un proceso judicial

Hace ya más de dos años que la sociedad española, particularmente la catalana pero no solamente, está teniendo una experiencia por la que la mayoría de personas nunca pasan en la vida: estar pendientes de un proceso judicial. Aunque ojalá que esta oportunidad nunca se hubiera producido, lo positivo es que la población está teniendo acceso a la realidad de un proceso, no solamente en su aspecto técnico, sino también en su vertiente emocional.

Ha ocurrido literalmente de todo. Las alegrías han ido cambiando súbita y alternativamente de bando, por otra parte como en muchos procesos, y siempre conservando un alto grado de incertidumbre. La querella por rebelión y la marcha al extranjero de alguno de los reos sumió en la depresión a los independentistas, depresión que se transformó en indignación con las indebidas prisiones provisionales, lo que hizo renacer la fuerza del movimiento. La libertad de la mayoría de los reos supuso un respiro y aligeró la presión, aunque la cambió de bando. Luego llegó la prisión de la que ya no han salido, que volvió a provocar la zozobra de unos y la alegría de otros. Pero vino la decisión de los jueces alemanes y la alegría cambió repentinamente de bando.

Lo mismo sucedió en la fase de <strong>juicio oral</strong>. La euforia independentista por la coherente y enérgica declaración de Joaquim Forn se vio apagada por la declaración de Pérez de los Cobos sobre todo. Igual que ocurrió con la muy ilustrativa declaración de Josep Lluís Trapero, que tuvo la virtud de ser aséptica, es decir, sin carga política, lo que provocó emociones encontradas. Luego vino la sentencia, con las ya conocidas reacciones de unos y otros.

Procesos que no acaban

Pero nada termina de acabar nunca con algunos procesos. Después ha venido la contundente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que supuso el segundo varapalo de consideración para el Tribunal Supremo después del propinado por los jueces alemanes. España se llenaba de euroescépticos mientras los partidarios de la independencia volvían a confiar en esa Europa de la que tanto habían esperado. Sin embargo, la última resolución del Tribunal Supremo declarando la carencia casi absoluta de efectos sobre el proceso de la sentencia de Luxemburgo fue de nuevo demoledora. Y la tibia reacción del Parlamento Europeo no era la que muchos esperaban.

No faltaba nada más que estos mismos días se agolparan las noticias y el 'president' de la Generalitat fuera destituido de su cargo de diputado, no por un tribunal con sentencia firme, sino por la Junta Electoral Central. Se recurrió ante el Tribunal Supremo para suspender la decisión, pero dicho tribunal no ha visto urgencia en su decisión al respecto. Se supone que al Tribunal Supremo le parece posible y razonable que Torra pueda ser sustituido por un nuevo diputado y recuperar después, en su caso, su acta. Además es dudoso que la pérdida de la condición de diputado acarree la destitución como presidente, aunque parece lógico que si la ley exige que para llegar a ser presidente es necesario ser diputado, es porque la misma ley desea que solo un diputado pueda ser presidente.

Personalmente me parece desproporcionado que pueda inhabilitarse a un presidente autonómico por haber desobedecido colgando un pedazo de tela amarilla. Tampoco creo que sea competente la Junta Electoral Central para destituir a Torra, vulnerando sus derechos de defensa, presunción de inocencia y participación política. Tampoco estoy de acuerdo con la condena de sedición, que entiendo absolutamente inapropiada y, desde luego, también desproporcionada. He descalificado la actitud del Tribunal Supremo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, finalmente, aunque comprendo la conducta del Parlamento Europeo, creo que habiendo una sentencia del Tribunal de Luxemburgo de por medio debería haber sido más proactivo en este asunto.

El cumplimiento es esencial

Pero mi discrepancia con todas esas decisiones no impide que defienda su cumplimiento. No se puede reconocer todo el sistema institucional de un Estado -justicia incluida-, acudir a él, utilizarlo, participar en su organigrama, y luego darle la espalda selectivamente cuando no nos gusta lo que dice. El cumplimiento de las resoluciones de las autoridades es esencial en democracia, como enseñó Sócrates con su propia muerte hace 2.500 años.

Siempre se puede protestar e impugnar, y es posible obtener éxitos. Lo primero que aprende cualquier abogado es que nunca hay que desesperarse y seguir luchando. De un modo u otro, la realidad siempre se acaba imponiendo.