La inmunidad politizada

La judicialización del 'procés' ha traído consigo una interminable yincana jurídica en la que la mayoría nos perdemos. En paralelo al ámbito jurídico, existe el debate político sobre las garantías fundamentales. Es en este donde se sitúa el origen de la inmunidad parlamentaria y donde residen los principios y valores que se pretende proteger con ella. 

La mayoría de cortes democráticas dotan de inmunidad a sus parlamentarios durante el ejercicio de sus funciones. Esta inmunidad, entendida como la imposibilidad de ser llevado frente a la justicia, no es ilimitada. Hay restricciones temporales y de ámbito: es válida durante el tiempo en que se es parlamentario y en relación a actos que se cometen como tal. Es decir, todos los diputados y diputadas, en el ejercicio de sus funciones, realizan acciones que podrían ser perseguidas de forma arbitraria, especialmente en países donde la separación de poderes no es completa o donde hay regresión de derechos civiles y políticos. Es decir, la libertad de opinión, de acción política y de representación parlamentaria está protegida durante el tiempo que esa persona tiene un mandato electoral democrático. Así, si ahora unos eurodiputados, habiéndose presentado con un programa electoral que incluía una propuesta 'x' la realizan, no podrán ser perseguidos por ello en los estados miembros aunque en alguno fuese un posible delito. Esta imprecisión, junto con el contexto, es lo que hace que técnica y políticamente no haya consenso sobre los casos de Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras. 

Si bien el 'expresident' y el 'exconseller' obtuvieron su escaño tras los resultados de las últimas elecciones, no ha sido hasta ahora que han podido ocuparlo. La justicia – europea y española, por lógica jerárquica– reconoce a cualquier candidato que consigue los votos necesarios –y que ha sido admitido como candidato en una lista válida de un partido legal– el derecho directo a tomar posesión de su nuevo estatus. En este caso, como diputados europeos. Ahí se inicia la inmunidad parlamentaria. Al haberse emitido después euroórdenes de arresto, además de vulnerar jurídicamente el derecho político de los candidatos, se vulnera el derecho democrático de sus electores a ser representados de forma efectiva. Ahora la justicia y el Parlamento europeos seguirán el proceso para resolver si se retira esa inmunidad y se emiten las euroórdenes de nuevo pero, durante ese período, tanto Puigdemont y Comín como sus electores verán restablecidos sus derechos políticos. Este principio democrático debe protegerse sin fisuras si la Unión Europea pretende seguir siendo baluarte de derechos y garantías. En casos controvertidos como este, en que los cargos que se imputan están directamente relacionados con la actividad política de los acusados, cabe aún más prudencia. Con ello se alarga la agonía político jurídica de los últimos tiempos: dejar en manos de jueces, fiscales y abogados lo que los políticos no quieren afrontar: un conflicto político solo tiene solución política.