Opinión | Editorial

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La unidad del Gobierno, una prioridad

Se impone la prudencia ante la evolución de la economía, a la espera de renegociar el déficit con la UE

Foto de familia del Gobierno de Pedro Sánchez

Foto de familia del Gobierno de Pedro Sánchez / periodico

Tanto en una carta a sus ministros y ministras como en la conferencia de prensa que concedió tras la primera reunión del Gobierno, Pedro Sánchez hizo un llamamiento a la unidad del Ejecutivo, a la necesidad de que no haya dos gobiernos en uno, su máxima preocupación durante la campaña electoral y después del pacto con Unidas Podemos (UP). La unidad, en efecto, es clave para el éxito del Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que tan solo hace poco más de dos meses Sánchez y Pablo Iglesias se enfrentaban en público y mostraban su mutua desconfianza, el presidente con la frase que quedará para la historia de que no dormiría con Podemos en el Gobierno y el líder de UP con sus continuos reproches y acusaciones al PSOE.

Esta unidad debe facilitar, según Sánchez, que el Gobierno de coalición rompa las barreras de los partidos que lo integran y satisfaga a una amplia mayoría de españoles progresistas que quieren acabar con el pesimismo, la crispación y los desencuentros. Pero que la crispación desaparezca no depende del presidente, sino de una oposición –PP, Ciudadanos y Vox– que ha arrancado la legislatura con mucha dureza: acusaciones de que el Gobierno es «ilegítimo» y anuncios de querellas en los tribunales y manifestaciones en la calle. En este contexto hay que entender la designación de Dolores Delgado –exministra de Justicia– al frente de la Fiscalía General del Estado, un nombramiento poco estético, que no concuerda con la idea de despolitizar la justicia, pero destinado a dar la batalla en este terreno, que será clave en la legislatura, como ya ha avanzado el PP al negarse a desbloquear organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Sánchez lo resumió en una frase: «Intentaron bloquear la política y ahora quieren bloquear la justicia», dijo, al tiempo que defendía la trayectoria «impecable» de Delgado.

La necesidad de que el Gobierno actúe con resolución y premura no debe excluir los acuerdos, según Sánchez, quien repitió sobre Catalunya las líneas maestras contenidas en el pacto de investidura entre el PSOE y ERC: diálogo con la intención de resolver un «problema político» y prioridad a la vía política en detrimento de la judicial. Ante el escándalo suscitado por la posibilidad de celebrar una consulta para ratificar los resultados de la mesa de diálogo entre gobiernos, Sánchez se remitió a una evidencia: eso querrá decir que se ha alcanzado un acuerdo que, insistió, siempre respetará la Constitución.

El primer Consejo de Ministros no aprobó una amplia batería de medidas sociales: sí salió adelante la subida de las pensiones en un 0,9% pero se aplazaron otras decisiones como la subida de sueldos de los funcionarios y del salario mínimo, el techo de gasto o la derogación del despido por acumulación de bajas médicas justificadas. Este retraso indica que se impone la prudencia ante la evolución de la economía, en espera de que la UE acepte una renegociación del déficit público, fijado ahora en el 0,5% para este año. Algo que no será nada fácil. El Gobierno de coalición echa a andar, un camino que desde el principio se sabe que será difícil.