Puigdemont y la doctrina Junqueras

Pasados diez minutos de las cinco de la tarde David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, proclamaba que "tras la sentencia del TJUE, el Parlamento Europeo toma nota de su decisión respecto a los europarlamentarios Junqueras, Comin y Puigdemont", para añadir a continuación que "en virtud de la decisión de la JEC sobre el señor Junqueras, queda suspendido como eurodiputado... Comín y Puigdemont adquieren hoy tal condición". Los intentos del portavoz de Vox de expresar airadamente su disconformidad eran cortados sin miramientos por Sassoli. Una hora antes, a instancia del magistrado Pablo Llarena, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, había remitido a Sassoli la solicitud de suplicatorio de suspensión de inmunidad relativa a Puigdemont y Comín. De este modo, saltaba por los aires el imaginario que representa el conflicto entre el soberanismo catalán y el nacionalismo de estado español como un problema de "convivencia en Cataluña". El debate de investidura de Pedro Sánchez lo mostró como un conflicto de Estado. Y el pleno de la Eurocámara también visibiliza que la judicialización del contencioso ha terminado de darle dimensión europea. No hay marcha atrás, la cuestión catalana ya es un tema europeo. Aunque el suplicatorio tenga éxito, el recorrido de la judicialización en Europa será largo.

Cuando a finales de octubre del 2017 nadie dudaba de que el castigo por dirigentes independentistas sería muy duro, algunos optaron por el exilio y otros por asumir el riesgo de la prisión. Nadie lo planificó, pero esta doble opción ha provocado que la represión judicial sea más torpe, más frágil, más inconsistente. Primero, el delirio del golpe de estado posmoderno, la rebelión y la sedición toparon con la justicia alemana y la belga. Los fracasos de Llarena en su persecución de Puigdemont hicieron ver a Marchena que era mejor olvidarse de la rebelión. La ficción construida por el teniente coronel Baena se deshacía como un terrón de azúcar. Pero la puntilla ha sido el recurso de Junqueras al TJUE. Este recurso ha hecho posible la formulación de la "doctrina Junqueras". Doctrina que sanciona lo que debería ser una obviedad: las formalidades democráticas son muy importantes, pero para blindar la voluntad popular, no para desvirtuarla: un representante popular lo es desde el momento que se hace oficial el escrutinio. No se puede obstaculizar la voluntad popular con argucias formales.

Llegados a este punto, parecen abrirse camino tres evidencias. En primer lugar, que la exportación de la judicialización del conflicto tendrá varias derivadas y será de largo recorrido. Con victorias y derrotas momentáneas de unos y otros, pero pinta mal para la cúpula judicial española. En segundo lugar, que el éxito del proyecto político del Gobierno de coalición de izquierdas liderado por Sánchez necesita de un cierto fracaso de la estrategia de la cúpula judicial liderada por Lesmes. Y, en tercer lugar, que la apuesta de Esquerra por el escenario de diálogo ha sido un acierto. Sitúa en conflicto en su terreno real, y devuelve la iniciativa al republicanismo catalán.