01 oct 2020

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INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

Manifestación contra la ’ley Gallardón’, en la plaza de Catalunya de Barcelona en el 2014.

ARCHIVO / JOAN PUIG

Cuando ponemos obstáculos al aborto, ¿a quién ponemos en riesgo?

Gemma Altell

Menores y mujeres sin papeles ni tarjeta sanitaria son las que más sufren las restricciones, que aumentan con la objeción de conciencia

Hace unos meses fue detenido un menor por lanzar al río Besòs una maleta con un recién nacido. Ahora sabemos que la menor embarazada de ese bebé había pedido al inicio del embarazo información y asesoramiento para poder abortar. Se le negó, precisamente, por ser menor. Ya sabemos cuáles han sido las consecuencias. Actualmente, después de las últimas modificaciones realizadas a través de la ley Gallardón, las mujeres entre 16 y 18 años requieren del consentimiento paterno para poder abortar. A diferencia de otras cuestiones de salud donde la autonomía del paciente está garantizada a partir de los 16 años. 

Los obstáculos ante el derecho al aborto no contribuyen a reducirlos, sino que contribuyen, irremediablemente, a poner en mayor riesgo a las mujeres lanzándolas a prácticas abortivas menos seguras o a secuelas que pueden perdurar toda la vida. 

Las más vulnerables

Ante esta situación debemos preguntarnos qué colectivos de mujeres son los que se ven más afectados por estos obstáculos. En el caso de las mujeres menores, de nuevo nos encontramos ante una hipocresía social que supone que todas las familias recibirán de forma empática, racional y respetuosa la noticia de un embarazo adolescente y acompañarán a la menor en la toma de su propia decisión; este imaginario es cuanto menos ingenuo y, probablemente, capcioso. No es una situación fácil ni personal ni familiarmente; debemos respetar la voluntad individual de estas mujeres sobre una decisión que puede condicionar toda su vida futura. 

Las menores son uno de los colectivos más vulnerabilizados en lo que respecta a su derecho al aborto por su momento evolutivo, vital, pero sobre todo por una ley que, como ya hemos mencionado, vulnera sus derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, en este país las mujeres sin papeles no tienen tampoco garantizado el derecho al aborto por no contar con la tarjeta sanitaria. También en este caso nos encontramos ante la restricción de un derecho que debería ser básico en un colectivo especialmente vulnerabilizado y que, ante esta situación, lo es mucho más si cabe. 

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Debemos también tomar en consideración, del mismo modo, la famosa objeción de conciencia de algunos profesionales de la medicina que se niegan a practicar abortos y ello supone, a las mujeres que lo necesitan, incurrir en un periplo de dificultades que las lleva, sin duda, a riesgos de salud importantes, por no hablar de no ver respetado, también en este caso, su derecho. 

Ante la objeción de conciencia habría mucho que decir en la sanidad pública, pero quiero poner el acento en el tema de la vulnerabilización, preguntémonos: ¿a qué mujeres afecta la objeción de conciencia? Sin duda, a las que tienen menos recursos económicos y sociales. El resto de las mujeres pueden acudir a la sanidad privada. Así, pues, una vez más, la ley del aborto –directa o indirectamente– restringe derechos y pone en riesgo a las mujeres más vulnerables, como siempre. 

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