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El juez Manuel Marchena durante el acto de apertura del Año Judicial

DAVID CASTRO

El (grave) problema de los jueces

Marçal Sintes

Gobernar no es tener todo el poder, y está bien que sea así. Montesquieu y los padres de la Constitución de los EEUU tenían razón. Deben existir separación de poderes, y controles, y contrapesos. Pedro Sánchez, flamante presidente del gobierno español, no manda en el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Supremo, la Audiencia Nacional, ni en los fiscales o las juntas electorales, como hemos comprobado. Pero insisto: está bien que sea así.

Los jueces no deben obedecer al gobierno. Pero tampoco deben bregar para cargárselo. Por desgracia, es lo que estamos viendo que ocurre. Así, el pasado viernes 3, justo antes que comenzara la investidura de Sánchez, la Junta Electoral Central rechazaba que Oriol Junqueras pueda ser europarlamentario y quitaba a Quim Torra su condición de diputado del Parlament. Es evidente, por el momento y por las formas y tono de su pronunciamiento, que la JEC -donde conviven jueces con profesores- pretendía reventar la investidura zahiriendo al independentismo catalán. El principal damnificado por la iniquidad, Junqueras, no cayó en la trampa y ordenó calma. El Tribunal Supremo, por supuesto, remataría a continuación avalando a la JEC.

El gobierno del PSOE con Unidas Podemos, nacido gracias al apoyo de ERC, va a tener enfrente a los que mueven los hilos en la justicia. Por eso, por ejemplo, el PP rechaza renovar a los jueces que han agotado su mandato. ¿Significa eso que el PP los controla como si fueran marionetas? No lo necesita: la mayoría están tan a la derecha o más que Pablo Casado

Mariano Rajoy encargó en su momento a la cúpula judicial combatir el independentismo y le dio carta blanca. Y ellos se lo tomaron tan al pie de la letra que ahora no hay quien les pare. He aquí unas palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el jefe del entramado, pronunciadas en 2017 ante un satisfecho Felipe VI. Para Lesmes, la “indisoluble unidad de la nación española” constituye “un mandato jurídico directo” que jueces y tribunales tienen que garantizar. Por lo visto, no están para interpretar las leyes con sentido común y dictar sentencias justas, sino para combatir al independentismo. ¿Cómo no van a zancadillear al gobierno de un “traidor” com Sánchez que, encima, se abraza a “comunistas”, “secesionistas” y “terroristas”?

¿Y lo que ha dicho, dice y dirá en el futuro la justicia europea? De momento, los bofetones han llegado de Bélgica, Alemania y Gran Bretaña. También, el último y más doloroso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Hay que matizar que, en este caso, por ser un tribunal de la UE, es también un tribunal español. Pero todo ello, y lo que pueda suceder, que sucederá, a los ojos levantiscos de sus señorías no son más que bellaquerías y vilezas de extranjeros que nada bueno desean para España.

Allá por el año 1985, Pedro Pacheco, a la sazón alcalde andalucista de Jerez de la Frontera, soltó que la justicia era un cachondeo. Esto que está ocurriendo ahora es mucho peor. Más siniestro, más peligroso para la democracia.