04 jun 2020

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Las decisiones de la Junta Electdoral Central

Reunión de la Junta Electoral Central, en marzo del 2019

EFE / J. J. GUILLÉN

Dos inhabilitaciones discutibles

Xavier Arbós

Parece incomprensible que la JEC no haya esperado a que el Tribunal Supremo tome sus decisiones, a partir de las cuales puede actuar como lo que es: administración electoral

La Junta Electoral Central (JEC) acaba de tomar dos decisiones que me parecen incorrectas. Por precipitadas y porque, en su fondo, limitan derechos asumiendo un papel propio de los tribunales. La JEC priva de su escaño a Quim Torra, y, como consecuencia, de la presidencia de la Generalitat. Por lo que se refiere a Junqueras, la JEC lo considera inhabilitado. En el caso de Torra, no se ha esperado a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que condenó a Torra por desobediencia. En cuanto a Junqueras, tampoco ha aguardado a que el Tribunal Supremo determine las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, como es sabido, estableció que Junqueras tenía la condición de eurodiputado. Resulta chocante que actúe como si le correspondiera ejecutar sentencias, cuando no es un órgano jurisdiccional. Y parece incomprensible que no haya esperado a que el Tribunal Supremo tome sus decisiones, a partir de las cuales la JEC puede actuar como lo que es: administración electoral.

Sobre las dos resoluciones de la JEC planea el artículo 6 de la ley orgánica del régimen electoral (LOREG), que me atrevo a considerar como el origen de todos los problemas con los que nos enfrentamos. Por una parte, y, en relación con Torra, el apartado 2.b de la LOREG indica que son “inelegibles”, entre otros, los condenados por sentencia, “aunque no sea firme”, por delitos contra la Administración pública. A Quim Torra se le ha condenado por el delito de desobediencia del artículo 410 del Código penal, que se encuentra en el Título XIX “Delitos contra la Administración pública”. La condena, como se ha dicho, ha sido recurrida. No es firme, y, a partir de ahí, no sería “elegible”. Pero ¿debe también abandonar su escaño? Si pasamos al apartado 4 del mismo artículo 6 de la LOREG, la respuesta es que sí. Las causas de inelegibilidad son también causas de incompatibilidad, y por tanto de cese en el cargo que se esté ejerciendo. Al menos esta es la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional STC 45/1983, en su fundamento jurídico 5. Y si pierde el escaño, no puede ser presidente de la Generalitat. Esta última afirmación, aunque discutible, se puede mantener si consideramos que tanto el artículo 152.1 de la Constitución como el artículo 67.2 del Estatut establecen que es condición imprescindible ser diputado para ser presidente autonómico. El problema está en que, desde mi punto de vista, el artículo 6.2.b de la LOREG es inconstitucional y choca con las competencias estatutarias.

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Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, según establece el artículo 24.2 de la Constitución. Esa presunción no se pierde del todo hasta que no existe una sentencia firme de culpabilidad. Sin embargo, el artículo 6.2.b de la LOREG ya anuda la sanción penal de inelegibilidad a la sentencia condenatoria, no firme, de primera instancia. Cuando recae una sentencia firme, es evidente que hay que cumplirla, como las resoluciones judiciales. Por ello se prevé que se pierde la condición de diputado del Parlament por una sentencia firme de inhabilitación (art. 24.c del Reglamento). Y se cesa de presidente de la Generalitat por sentencia firme que comporte la inhabilitación, como dice el artículo 7.1.f de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Govern. Esa regulación es la expresión de las competencias que tiene Catalunya en la organización de sus instituciones, y no parece correcto que se restrinja por una normativa electoral inconstitucional, si es como parece el caso.

En el caso de Junqueras también juega el artículo 6 de la LOREG, pero en este caso el apartado 2.a, que dice que “son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena.” Junqueras fue proclamado electo, como eurodiputado, el 14 de junio de 2019. Aunque el juicio ya estuviera visto para sentencia, esta no se dictó hasta el 14 de octubre. Y lo que nos dice la sentencia del TJUE es que Junqueras era elegible, y alcanzó la condición de electo el 14 de mayo, antes de que fuera condenado. La JEC llega a la conclusión de que Junqueras está inhabilitado, pero pasa por alto lo que ha dicho el TJUE: que es un diputado electo, que no está inhabilitado y que hay que presentar el suplicatorio al Parlamento europeo.

Se precipitó el Tribunal Supremo al dictar sentencia sin esperar al TJUE. Ahora la JEC se da demasiada prisa y no espera al Supremo. Todo son urgencias. Que los Reyes nos traigan más paciencia, pero ya.