21 feb 2020

Ir a contenido

ANÁLISIS

Un palestino discute con soldados israelís el pasado junio al sur de Hebrón.

EFE

Palestina, espiral descendente

Jesús A. Núñez Villaverde

Israel puede sacar adelante su estrategia de hechos consumados para impedir la existencia de un Estado palestino por quien nadie se la va a jugar

Termina el año no solo sin atisbo de que el desequilibrado "acuerdo del siglo" salga pronto a la luz, sino que hasta el propio Donald Trump se ve obligado por el Congreso a transferir al menos una parte de los fondos (recortados drásticamente en el 2018 y anulados por completo este año) que tradicionalmente Washington enviaba a una Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) que acaba de ver revalidado su mandato por otros tres años. Incluso la fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) acaba de activar un proceso que puede desembocar en condenas contra israelís que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad desde el 2014.

Pero sería erróneo interpretar esas señales como un cambio de tendencia que nos acerque a un acuerdo palestino-israelí justo, global y duradero. Para empezar, el plan pergeñado en primera instancia por Jared Kushner, el yerno de Trump, solo se ha retrasado por la convulsa agenda electoral israelí (con idea de no dañar las opciones de Netanyahu), pero todas las interesadas filtraciones apuntan sin remedio a una apuesta a favor de Tel Aviv.

Si Trump sale reelegido el próximo noviembre es bien previsible que se afane aún más por rematar la tarea que ya le ha llevado a declarar a Jerusalén como capital israelí --trasladando allí su embajada y cerrando todo canal de contacto con la Autoridad Palestina-- y a apoyar la anexión israelí de los Altos del Golán sirios y la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Palestina; todo ello al margen de las normas más básicas del derecho internacional.

Asfixia económica

Por otra parte, los fondos que ahora tendrá que transferir a la UNRWA (y previsiblemente a la Autoridad Palestina) --no más allá de un tercio de los habituales hasta 2018-- ni sirven para recuperar la capacidad de maniobra de la agencia ni suponen olvidarse del esfuerzo que tanto Trump como Netanyahu están realizando para eliminarla.

No solo se trata de ahogarla económicamente (EEUU aportaba prácticamente un tercio de su presupuesto general), sino de ampliar la campaña de desprestigio que ha llevado a la dimisión de su principal responsable y a forzar una reconceptualización de la figura del refugiado, para dejarla reducida solo a los que todavía viven de los más de 700.000 que sufrieron la Nakba en 1948, en lugar de los más de 5,4 millones registrados en la UNRWA. Aunque sus responsables han logrado movilizar a algunos gobiernos para paliar el creciente déficit, en ningún caso se ha podido compensar la pérdida acumulada.

A esto se añade que Israel no es Estado Parte del TPI y no está claro si Palestina, Estado observador en la ONU, debe ser considerado como tal a efectos de activar un proceso contra israelís. Todavía queda por ver si los jueces del tribunal responden positivamente a la primera duda y determinan que hay pruebas suficientes para iniciarlo.

En definitiva, aunque la imagen de Israel pueda quedar parcialmente afectada, sus gobernantes pueden seguir adelante con su estrategia de hechos consumados para impedir la existencia de un Estado palestino viable, conscientes de que ya nadie se la va a jugar por los palestinos.