Vías rápidas, financiación lenta

Entre las carreteras totalmente gratuitas y el pago continuo de la tarifa en los mares de peajes de las autopistas existe un punto medio. Cada país se posiciona como sabe y puede ante esta dialéctica. El modelo adoptado de la concesión, estatal o autonómica, depende del criterio del gobierno en el momento de tomar la decisión de construir y en el del rescate, que no tienen por qué coincidir. Ahora nos enfrentamos a este segundo movimiento. Vencen los plazos de muchas concesiones de autopistas en Catalunya y España y las opciones resultan dispares.

De un modo u otro, hay que afrontar el reparto de las tres partidas de la inversión de esta costosa e indispensable infraestructura para los próximos decenios. La primera, la de la construcción que financiaron la empresa concesionaria y la administración, según el convenio firmado en su momento. Esta inversión histórica ya se habría saldado a beneficio de ambas partes: el territorio se ha dotado de una infraestructura básica que ha pagado total o parcialmente la concesionaria, y ésta se ha resarcido de los ingresos obtenidos a través de los peajes. Las malas praxis afean a las administraciones que firmaron y a las concesionarias voraces, pero no invalidan la afirmación.

Ahora se trataría de afrontar las dos últimas inversiones. Nos referimos a la conservación y a la explotación que perduran en el tiempo, mucho menos costosas que la primera. Se presentan varias alternativas. ¿Socializar absolutamente estos costes, es decir pagarlos con los impuestos de todos, independientemente de quien utiliza la autopista? ¿Socializarlos parcialmente a través de una tasa fija o viñeta independientemente de los kilómetros recorridos por cada conductor? ¿O financiarlos por entero mediante la recaudación en el peaje?

El caso catalán

El caso catalán se presenta peculiar. Nos adelantamos hace décadas a construir los kilómetros básicos de las autopistas del país. Aquí los peajes en la sombra nunca llegaban.  Disponer de vías rápidas significó enormes beneficios gracias a la integración del territorio, pero a cambio de ello, hubo que pasar por caja cada vez que se transitaban. Justo lo contrario que en otros territorios del Estado. En aras de la misma cohesión territorial buscada en Catalunya, allí accedieron a las vías rápidas gratuitas.

Por eso, la respuesta a la cuestión debe de ser forzosamente proporcional según el modelo implantado. Aquellos lugares como Catalunya cuyos ciudadanos han pagado religiosamente durante décadas los peajes de sus autopistas deberían verse retribuidos de algún modo mediante la gratuidad de la red viaria. Durante este tiempo, los catalanes no sólo abonaron los impuestos correspondientes, que facilitaron la inversión en vías rápidas en otros lugares, sino que además abonaron directamente todos sus viajes en las cabinas. Aunque aquí se propone como factor de igualdad, la viñeta catalana mitigaría la redundancia impositiva actual, pero no la erradicaría.

Otra cuestión sería si se gravara un impuesto ecológico por el uso del todos los vehículos, tanto a nivel urbano como interurbano. A pesar de que seguiría siendo discriminatorio, el bien superior justificaría el peaje. Y ese bien superior resulta indispensable.