La oportunidad de la sentencia de Junqueras

El año 2019 terminó cargado de incertidumbres y de dificultades. La situación política en Catalunya, España y Europa sigue siendo complejo .res augura que a corto plazo la situación tienda a mejorar y ciertamente, como hemos aprendido a lo largo de estos años, todo puede empeorar. Pero es verdad también que hay hechos y datos que apuntan en la dirección contraria. Y sin duda, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciando el 'caso Junqueras' es uno de ellos, acompañada de una posición de la Abogacía del Estado que defiende la excarcelación del exvicepresidente.

La dinámica de judicialización del conflicto entre Catalunya y el Estado ha entrado en una nueva dimensión cuando se ha reconocido que Junqueras goza de inmunidad como europarlamentario desde el momento que fue proclamado diputado al Parlamento Europeo. Esta sentencia hace entrar en crisis toda la causa judicial del Estado contra los líderes sociales y políticos del proceso soberanista. El espacio europeo de justicia se convierte en una garantía para los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos europeos por encima de las justicias y las soberanías de los Estados. La innovación europea que es el entramado de tratados e instituciones que han ido construyendo un artefacto único como es la Unión Europea, que limita y condiciona el poder de los estados, continúa demostrando su vigor y fortaleza, a pesar de todo. El 'rule of law', fundamental en el modelo europeo de entender la primacía de los derechos de los ciudadanos y que articula una concepción de la política que aspire a limitar el poder, nos recuerda todos que no todo vale a la hora de imponer y defender una determinada aspiración política. Para España, el mensaje es muy claro; la defensa de la unidad de España no puede hacerse vulnerando derechos y libertades de ninguno de sus ciudadanos y los representantes electos del pueblo deben ser protegidos en sus derechos políticos como garantía de funcionamiento de un sistema democrático plural.

Vulnerar derechos y libertades en nombre de la unidad de España es un precio imposible de asumir

Vulnerar derechos y libertades en nombre de la unidad de España es un precio imposible de asumir para una sociedad democrática. Y nos viene a dar la razón a aquellos que hemos defendido que la incapacidad del Estado de canalizar por vías democráticas y legales las demandas mayoritarias de la sociedad catalana haría que el precio que se pagara para impedir las aspiraciones catalanes fuera el de erosionar y degradar la democracia en España.

Ahora bien, para los soberanistas catalanes, la sentencia del Tribunal Europeo nos recuerda que si aspiramos a encontrar una respuesta política a nuestras demandas de reconocimiento nacional y poder político y financiero en el marco europeo solo la vía del diálogo y el acuerdo, todo respetando la legalidad vigente, que aspiramos a transformar o a interpretar de manera avanzada y progresiva, es posible.

Algunos lo hemos dicho un montón de veces. No hay atajos, ni soluciones mágicas, ni un botón que pulsamos y nos llevará a la independencia o a un autogobierno más robusto y consistente. Solo existe el lento y a menudo frustrante camino de la política democrática en una sociedad abierta y plural, que implica el dialogar, transaccionar, acordar, hacer viables los deseos de las mayorías y respetar a las minorías.

Si el soberanismo aspira a una respuesta política a sus demandas, solo la vía del diálogo es posible

Durante estos años de 'procés' nos ha gustado hacer hincapié en el papel de la sociedad civil organizada; la capacidad de movilización de las Diades, la solidaridad económica con los damnificados por la justicia, la defensa de los colegios durante la jornada del 1-O. Es cierto, son ejemplos enormes y sin demasiada comparación en el resto de Europa de esta sociedad civil vibrante. En la mejor tradición del país, el entramado cívico y asociativo son verdaderas fortalezas de la causa soberanista y sin esta densidad social no podemos entender lo que hemos vivido estos años. Pero lo que determina el éxito y la consolidación de una aspiración social mayoritaria y legítima acaba siendo siempre la capacidad de la política institucional de concretar las ambiciones de la sociedad en reformas y cambios ampliamente consentidos y legitimados. Y sin duda lo que ha fallado y que explica el bloqueo en el que estamos instalados tiene que ver con la política hecha desde las instituciones. De las españolas y las catalanas, porque ni quisieron entender y actuar en consecuencia desde la máxima que afirma que las aspiraciones colectivas pueden ser infinitas pero las capacidades para hacerlas efectivas son siempre limitadas.

Ahora la sentencia del Tribunal de Luxemburgo nos da una nueva oportunidad. Para las instituciones del Estado de limitar el uso de su fuerza al respeto de la ley y los derechos y libertades de los ciudadanos