28 nov 2020

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Sacudida judicial

Los efectos de Luxemburgo.

MARÍA TITOS

Los efectos de Luxemburgo

Joan Tapia

Europa dice 'no' al independentismo, pero sus tribunales amparan los derechos de los condenados por el Supremo español

El fallo del Tribunal de Luxemburgo corrigiendo severamente al Tribunal Supremo por el trato dado a Oriol Junqueras desde que el pasado junio fue elegido eurodiputado ha conmocionado a la justicia y la política españolas. Más porque Luxemburgo no ha sentenciado a instancias de Junqueras --su misión no es atender reclamaciones de los particulares, sino consultas de los estados-- y solo contestaba a una cuestión del Supremo español.

En junio --al contrario que cuando en abril fue elegido diputado al Congreso--, el Supremo impidió su toma de posesión como eurodiputado. Ahora Luxemburgo dictamina que Junqueras era eurodiputado desde el mismo momento de su elección y que, como tal, gozaba de inmunidad parlamentaria. Para proseguir el juicio, el Supremo debería haber solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo y, solo después de haberlo obtenido, podía dictar sentencia. El Tribunal Europeo de Luxemburgo desautoriza así la situación de prisión provisional de Junqueras desde junio, que se ha convertido en definitiva tras la sentencia de octubre.

Como una bofetada

Luxemburgo da una bofetada al Supremo, aunque luego no interfiere en cómo debe actuar el tribunal español, pero sí afirma con rotundidad que el trato a Junqueras debió ser distinto desde que en junio adquirió la condición de eurodiputado. Nada más, pero nada menos, lo que complica mucho el embrollo del 'procés'. Y el más inmediato efecto político es que Carles Puigdemont y Toni Comín, que también fueron elegidos eurodiputados, van a serlo de inmediato, lo que asimismo contradice lo decidido en su momento por el Parlamento Europeo.

Sentenciar que Junqueras era eurodiputado desde que fue elegido desautoriza lo decidido por Marchena

El fallo de Luxemburgo supone una pérdida de prestigio del Supremo en Europa --y de rebote, en España y en Catalunya-- que se suma a los fracasos de las euroórdenes contra Puigdemont en Bélgica y a la clara negativa --por no ver justificada la acusación de rebelión-- del máximo tribunal del 'länder' de Schleswing-Holstein. Y ahora el Supremo tendrá que estudiar con cuidado lo que hace.

La fiscalía quiere limitar los efectos del fallo, pero cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDHS), el competente frente a las demandas de los particulares y ante el que recurrirán las defensas de los acusados, tenga que emitir el dictamen definitivo sobre el juicio del Supremo, el ninguneo a Luxemburgo no será un activo favorable.

Las defensas de los acusados plantearán en Estrasburgo la nulidad de todo el juicio. Y hay puntos como la larga prisión provisional y la inhabilitación, en base a la acusación de rebelión del juez instructor Pablo Llarena, que son muy polémicos.

Nada sería más bochornoso para el Supremo, y más disruptivo para España, que al final el TEDH acabara anulando parcial o totalmente el juicio presidido por Manuel Marchena. No tendría que pasar, pero el Supremo debe ser prudente tras el fallo de Luxemburgo.

Doble mensaje

Y los políticos --españoles y catalanes-- deben asumir la realidad. Las instituciones europeas están dando un doble mensaje respecto al conflicto generado por el independentismo. Los organismos políticos --el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el propio Parlamento-- han afirmado repetidamente que la UE es una unión de estados que se rigen por sus propias leyes fundamentales, que la UE no contempla la partición de los actuales estados y que no reconoce el derecho de autodeterminación de sus diferentes partes. Respeto a Catalunya, no puede ni considerar una ruptura unilateral de la legalidad española en base al apoyo de menos de la mitad de la población.

Europa ha dicho 'no' a la independencia de Catalunya. Pero al mismo tiempo los tribunales europeos indican que el rechazo político al separatismo no puede implicar un respaldo a los tribunales españoles en el caso de que orillen las normas europeas. Europa se opone a la independencia catalana, pero también manifiesta disconformidad con algunas acciones del Supremo que considera excesivas o incluso ejemplarizantes. ¿Independencia no, pero punitiva judicialización tampoco? Ese es el mensaje.

En España el mundo político, judicial y editorial que se deleita calificando a los condenados de golpistas, y que quiere liquidar el conflicto con una aplicación inquisitorial de las leyes, debe tomar muy buena nota. No vaya a ser que el maximalismo rigorista conduzca al final a desautorizaciones de la justicia europea a la española que menoscaben su prestigio y alimenten la queja independentista. Que Junqueras, Puigdemont y Comín sean ahora eurodiputados por decisión de Luxemburgo es un paso en esa dirección. Y un mal presagio.