05 jun 2020

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La clave

Un hombre saca un pez muerto del río Besòs.

GALANTHUS NATURA

Un abogado para defender los ríos

Carol Álvarez

Ya han pasado casi dos años desde que el río Whanganui, en Nueva Zelanda, recibió un reconocimiento por ley de máxima protección: fue declarado persona jurídica, un ser vivo, con todos sus derechos. Las tribus que viven en la zona hace 700 años reivindicaban ese estatus como única forma de garantizar el equilibrio del ecosistema. Armas humanas contra amenazas humanas.

El último susto medioambiental en nuestras latitudes, la contaminación del Besòs por la fuga tóxica de una empresa de Montornès, ha abierto un nuevo debate sobre la labor vigilante que corresponde a la Administración en materia de inspección por el cumplimiento de la normativa. La catástrofe que apuntaba, la desaparición de los peces de sus aguas tras los esfuerzos de 30 años para recuperar el río, no se ha producido, aunque aún tardaremos tiempo en conocer el impacto real de lo sucedido. 

La Fiscalía se puso las pilas y los juristas han sumado sus voces a los ecologistas para reclamar un agravamiento de los castigos a las empresas incumplidoras. Pero como tantas otras veces, lo sucedido lleva el aroma del dejà vu. Fueron precisamente los excesos contaminantes los que motivaron las primeras actuaciones de la flamante unidad de delitos ecológicos de la Fiscalía del TSJC, allá a mediados de los años noventa, que llevaron al empresario Josep Puigneró a convertirse en el primero en entrar en prisión en toda España por un delito ambiental. Los planes de descontaminación gradual que había impuesto la Generalitat de Jordi Pujol aún no se tomaban muy en serio y el azote punitivo llegó allá donde el sentido común y el respeto po la ley no lo  hacía. Alcaldes y consejeros de medio ambiente de municipios con río pasaron por el banquillo. 

Ha llovido mucho desde entonces, y la Administración no puede bajar la guardia. Nuestros ríos son el espejo de nuestra sociedad hasta niveles insospechados: las aguas subterráneas arrastran restos de drogas consumidas por toxicómanos y los fármacos que toman nuestros ancianos.  

Tenemos las herramientas, algunas tan imaginativas como la legislación de Nueva Zelanda, para proteger nuestro entorno. Lo que no vale es no depurar responsabilidades.