17 feb 2020

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La sentencia sobre Junqueras

La ejecutiva de ERC comparece tras la decisión sobre Junqueras.

ACN / ÀNGEL RECOLONS

El precio de judicializar la política

Enric Marín

Sánchez puede hacer dos cosas: o replegarse o aprovechar para apostar más fuerte por la política del diálogo y la negociación

Cuando Rajoy y sus gobiernos decidieron enfrentarse a las reivindicaciones de soberanismo catalán criminalizando al adversario político cometieron un grave error de cálculo político. No fue el primero. El primero, y más grave, fue provocar la ruptura del pacto constitucional en Catalunya instrumentalizando un Tribunal Constitucional politizado por interferencias partidistas. La obscena campaña contra el Estatut del 2006 tenía por objetivo recuperar el poder. Y se consiguieron dos objetivos: la impugnación de aspectos críticos del Estatut de Miravet y la vuelta al Gobierno del PP. Aunque la recuperación del poder también tuvo que ver con la pésima gestión de Zapatero de la crisis económica. Pero judicializar y criminalizar el independentismo democrático catalán ha tenido unos efectos muy adversos para el mismo Rajoy: ha agravado la crisis del sistema político español, ha bloqueado la política española e hizo posible la primera moción de censura exitosa desde 1978.

Rajoy y su equipo ya son historia. Pero su herencia no. Su herencia está bien viva. La que será conocida como 'sentencia Junqueras' es una parte del legado. Deshacer la enrevesada madeja de la judicialización de la política no será fácil. Es posible, incluso, que la polarización de la política española y la competencia entre Vox y el PP y bloqueen los esfuerzos de retornar la gestión del conflicto a los cauces genuinamente políticos. Pero la justicia europea puede ayudar a objetivar la situación enmendando los abusos judiciales domésticos. Independientemente de cómo reaccione un Tribunal Supremo penosamente desautorizado, la sentencia protege los derechos de todos los votantes europeos, amplía el recorrido judicial del conflicto en Europa e identifica dos fraudes procesales. El primer fraude, permitir que Junqueras participara en unas elecciones e impedir la efectividad del resultado. Y, el segundo, elevar una cuestión prejudicial al TJUE y no esperar la respuesta para dictar sentencia. Dos argucias jurídicas irregulares.

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La burbuja de espiral del silencio en la que vive la opinión pública española amortiguará los efectos demoledores de la sentencia sobre la credibilidad de una cúpula judicial cooptada por los sectores más conservadores de la magistratura. Lo que es seguro es que la desautorización intempestiva que Borrell hizo del sistema judicial belga no ha ayudado a prestigiar la política española en Europa. Menos aún los exabruptos antieuropeístas de Vox. Ante esta situación, Sánchez puede hacer dos cosas: o replegarse, o aprovechar el episodio para apostar más fuerte por la política del diálogo y la negociación.

Casualmente o no, la sentencia del TJUE ha coincidido en el tiempo con la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En este caso, la sentencia era tan previsible como la de Junqueras. Son las únicas coincidencias. La evitable victimización del presidente Torra no supondrá ninguna mejora de posiciones para el republicanismo catalán.