Otro paso contra la opacidad con los abusos

Después de décadas de tolerancia y encubrimiento de abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes y religiosos, la Iglesia católica va dando lentamente pasos para garantizar que nunca más protegerá a los culpables y abandonará a su suerte a las víctimas. El último de ellos, la supresión, para estos casos, del llamado secreto pontificio, una figura que mantuvo hasta 1974 su denominación de origen inquisitorial, secreto del Santo Oficio. Esta cláusula mantenía clasificadas, tanto para las autoridades civiles como para los damnificados, las investigaciones, informes y sentencias de los procesos realizados en el interior de la disciplina y justicia eclesiástica. El último decreto personal del Papa prohíbe también que en el seno de la justicia eclesiástica se pueda imponer el silencio a los conocedores de los hechos, aunque mantiene incólume el blindaje del secreto de confesión.

La decisión papal deja sin recursos –más allá de la pura desobediencia, una resistencia que el portavoz del episcopado español dice que «globalmente» no existe– a los obispos y superiores de órdenes religiosas reticentes a colaborar con la justicia. Además de estar obligados a denunciar los delitos de los que tengan conocimiento, deberán entregar a los jueces que investiguen denuncias de abusos cometidas en el presente y en el pasado toda la información de que dispongan. Aunque el compromiso de colaborar con la persecución de las faltas que se denuncien a los tribunales y estos consideren perseguibles no alcanza a la revisión a fondo de un pasado que exige justicia, autocrítica y reparación.

La cláusula que ahora se suprime solo era explicable en el marco del mantenimiento de un régimen interno para abordar conductas tipificadas como delitos en el marco de la justicia canónica. Opaco y benévolo para el agresor, radicalmente injusto para el agredido, con lo que la misma Iglesia se convertía en corresponsable del daño infligido como han reconocido los dos últimos pontífices. Nunca más debería hurtarse a los tribunales de justicia la persecución de estos delincuentes.