Un contrato social verde

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Albert Sáez

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Decía el clásico Aristòteles que el primer requisito para hacer un discurso que sea persuasivo es conocer al auditorio. Y, especialmente, aquellas ideas que el público considera indiscutibles. Para lograrlo, hay que identificar al público al que nos dirigimos, como modernamente nos ha enseñado a hacer el marketing. Y de manera más intensa desde que el big data nos proporciona una conocimiento más sofisticado de las opiniones y los comportamientos de los auditorios digitales. El desarrollo económico de los Estados de la Unión Europea necesita un nuevo contrato social. Lo dicen los economistas liberales y los socialdemócratas. Y también los sindicatos y las patronales más sensatas, empezando por Foment del Treball. Ese contrato ya no es solo entre capital y trabajo, como lo fue en la Alemania de los años 20. Ni únicamente entre vencedores y vencidos de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue en los inicios de la UE. Ni basta con un acuerdo entre el Norte y el Sur del continente como ocurrió en los pactos que alumbraron al euro. La nueva Comisión Europea de von der Leyen ha entendido bien el momento que le toca gobernar. Su prioridad no puede ser otra que impulsar ese nuevo contrato social. Y pretende hacerlo con una idea sugerente, el Green Deal. Si hay alguna idea que cuente con amplio consenso entre los europeos de hoy es la lucha contra el cambio climático. Lo verde es una buena base para el consenso. Especialmente, para dos de los ejes que necesitan de grandes acuerdos: un pacto entre generaciones para asegurar un bienestar sostenible y un pacto entre Este y Oeste que aleje a las nuevas potencias (demográficas) de la UE de los populismos, especialmente Hungría y Polonia. El artefacto es inmejorable. Incluso en el nombre porque rememora una de las mayores movilizaciones de dinero público de la historia moderna como fue el New Deal de los Estados Unidos.

Como todos los grandes proyectos europeos corre serios peligros. De momento, su aprobación completa se ha pospuesto al verano porque Polonia exige más fondos. Los resultados tangibles de su inmediato antecesor, el plan de inversiones de Juncker, tampoco son para echar cohetes. Corre, pues, el peligro de convertirse en un mero ejercicio de propaganda. Seria la peor noticia posible. La jerga comunitaria habla siempre de "movilizar" de manera que los 150.000 millones anunciados dependen de que el proyecto resulte atractivo al sector privado. En este punto es previsible que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se puedan sumar a la fiesta con los denominados bonos verdes para ayudar a financiar la transición energética que, junto a la reconversión del carbón polaco, son pieza clave de este ambicioso plan. Si vemos lo que ha pasado con el pacto alemán para salvar los bosques, hemos de imaginar que el partido de Merkel no será esta vez obstáculo para un gasto público que deben considerar como lo que es, una inversión. Para salvar el planeta, pero también para asegurar el crecimiento y la cohesión social.