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Editorial

Soluciones de emergencia para los sintecho

Las personas ya atendidas en albergues no encuentran alternativas laborales y residenciales

Samir y Nadir, dos jóvenes magrebís se disponen a pasar la noche frente al albergue municipal de Nou Barris. 

Samir y Nadir, dos jóvenes magrebís se disponen a pasar la noche frente al albergue municipal de Nou Barris. 

En primavera y verano del 2018, con motivo de la acampada de personas sin techo en la plaza de Catalunya, y el desalojo de un gran asentamiento barraquista en la zona de Glòries, la realidad de las personas sin hogar en Barcelona fue objeto de debate. Muchos factores distintos mantienen enquistado el problema: el precio de los alquileres, la insuficiencia de las soluciones de vivienda social o de emergencia, la imposible integración laboral de los inmigrantes sin documentos, la llegada de colectivos expulsados por el endurecimiento de políticas en otros países europeos... Ya entonces el Ayuntamiento de Barcelona puso sobre la mesa un reproche, que ahora reitera: el esfuerzo municipal, y el de las entidades sociales con mayor o menor apoyo público con sede en Barcelona, no se veía correspondido por un compromiso equivalente por parte de las administraciones autonómica y estatal ni de otros grandes municipios vecinos que no disponen de albergues de emergencia ni facilitan el empadronamiento sin domicilio fijo.

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Este problema estructural se agrava cuando el frío o la lluvia lleva a buscar refugio a quienes viven en la intemperie, hasta el punto de que las plazas adicionales habilitadas en Barcelona durante el último temporal han sido insuficientes y demandantes de albergue han quedado en la calle, mientras las plazas para episodios de frío extremo en polideportivos no se utilizaban .

El sistema está colapsado por las dificultades para normalizar la situación laboral y residencial de las personas ya atendidas. Ante esta situación no se puede esperar a que políticas sociales de fondo tengan efecto. Las soluciones habitacionales de emergencia deberían ser un recurso a desplegar con más agilidad, tanto por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que debe gestionar una población flotante de unas 1.200 personas, como de otros muchos municipios, sin que las reticencias vecinales a algunos equipamientos o las críticas a algunos formatos propuestos de vivienda provisional dificulten la gestión de una necesidad básica.