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Editorial

El informe PISA suspende a España

Es imprescindible un pacto educativo que deje al margen disputas políticas y destinar mayor presupuesto

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El Periódico

Estudiantes en un aula, durante un examen. 

Estudiantes en un aula, durante un examen.  / JULIO CARBÓ

El informe PISA, elaborado por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se lleva a cabo cada tres años, desde el 2000, a partir de las pruebas efectuadas en jóvenes de entre 15 y 16 años (4º de ESO). Es ciertamente un baremo importante para calibrar los conocimientos en tres áreas estratégicas de la educación: las ciencias, las matemáticas y la comprensión lectora. En el penúltimo informe PISA (2016), España superó por primera vez la media o estuvo muy cerca de ella, pero la conclusión del 2019 (las pruebas se realizaron en el 2018) certifica que ha descendido 9,5 puntos en ciencias (el peor resultado de la serie) y 4,5 puntos en matemáticas.

El resultado, según la propia OCDE, se resume en un diplomático «no se puede establecer ninguna mejora o declive significativo en ninguna de las materias». Es decir, y aun a pesar de las pérdidas sufridas, se trata de un estancamiento, una especie de compás de espera, aunque es cierto que los datos de PISA deben valorarse de forma que se establezcan determinados parámetros a lo largo del tiempo. La tendencia generalizada de los países avanzados es a la baja. En España se da el caso que la evaluación refleja los efectos de los recortes en educación, especialmente a partir del 2011. Unos años de plena crisis, con más precariedad en el profesorado y sobrecarga en los docentes. Unos recortes que aún no se han revertido. Además, la prueba también refleja la aplicación de la LOMCE, la controvertida 'ley Wert', en las comunidades que la aplicaron. En este sentido, los datos de la Comunidad de Madrid hablan por sí mismos. En Catalunya, aunque se halla en la media de la OCDE y por encima de la española, las noticias no son más halagüeñas. Se ha descendido 15 puntos en competencia científica (el registro más bajo desde el 2013) y 10 en matemática.

En esta ocasión, PISA no ofrece para España la valoración de la prueba de lectura, puesto que se detectó «un comportamiento de respuesta inverosímil» que provocó el aplazamiento del informe, un detalle que ha de repercutir necesariamente –porque falta un aspecto fundamental de la enseñanza– en la reflexión sobre el documento.

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El empeoramiento general no debe tomarse como un fracaso irremediable pero sí como un serio aviso, en especial por lo que hace referencia a la evolución futura de las pruebas. PISA tiene sus detractores, entre otras cosas porque los gobiernos reaccionan en función de las reglas establecidas por la OCDE y no tienen en cuenta otras consideraciones quizá más acordes con otros retos de la educación más innovadores, pero, al mismo tiempo ejerce como faro para evitar disfunciones y trayectorias erróneas. Las diferencias entre regiones españolas, por ejemplo, son muy notables y agravan brechas sociales. La educación requiere una atención especial por parte del Estado, y más aún en unas circunstancias económicas difíciles como las que se prevén. Un pacto que deje al margen las disputas políticas y que apueste por un sistema equitativo y justo, con mayor presupuesto y adaptado a los tiempos, se antoja no solo necesario sino imprescindible.