El problema de las pensiones

La reclamación por más y mejores pensiones quizá sea la reivindicación hoy más sonora y a su vez menos diáfana. Procede de un sector sensible para una sociedad altruista, afecta a un ciudadano cada vez más cercano al decisivo votante medio y, a diferencia de otros colectivos, es unidimensional, o casi, en sus preferencias: lo que acontezca a su pensión importa por encima de otros menesteres (del cambio climático, del aborto libre o de la salud bucodental). Es más participativo electoralmente que las cohortes jóvenes –algunas desengañadas con el sistema- y en todo caso, obviamente, pesan políticamente mucho más que los que aún no han nacido, que serán los herederos principales de los elevados ratios de deuda pública que les vamos a legar.

Las pensiones medias en nuestro país son efectivamente bajas, si bien es cierto que las 'medias' en política pública son malas consejeras. Detrás del clamor de los pensionistas se encuentran los beneficiarios de pensiones no contributivas, que al no haber cotizado deberían dar por bueno, agradecidos, el esfuerzo de cotizantes y contribuyentes, así como de pensiones de viudedad, meritadas en este caso de modo indirecto. También se mezclan en la reivindicación los autónomos que han cotizado –porque han podido y en su mayoría- por la base mínima de cotización, en clara preferencia de pájaro en mano, gestionado por ellos mismos, que ciento volando a manos de un sistema público de reparto; normal, por tanto, que habiendo cotizado menos sus pensiones sean más bajas. Y, finalmente, se añade el resto de pensionistas que deberían observar que el rendimiento de sus cotizaciones está ya siendo muy superior a las alternativas de colocación de sus ahorros, y saber que unas décimas de más o menos en la actualización de sus pensiones no les va a suponer un gran quebranto y que las quejas ante los cambios de legislación a futuro que se les presenta, precisamente a ellos no les va apenas a afectar. Diapasones diferentes, por tanto, ante un griterío que se manifiesta de modo indiscriminado.

Generar aceptación suficiente

Solucionar con criterio racional la sostenibilidad de las pensiones requiere de un consenso amplio. Pero de modo diferente a lo que se suele argumentar, este se debiera basar más en el procedimiento acordado que en las respuestas a soluciones improvisadas. En el velo de la ignorancia, desconociendo las situaciones concretas (jubilaciones anticipadas, crisis con parados de larga duración, ante sesgos socioeconómicos en esperanza de vida), se trataría de no formular batallas políticas de los tratamientos, siempre que estos se hubieran derivado de los procedimientos establecidos. Siendo como es justa la causa (asegurar la viabilidad futura de las pensiones) sea quien sea el equipo de gobierno al frente de dicha responsabilidad, seguir el procedimiento debido debería de generar aceptación suficiente. De otro modo, decisiones correctivas 'ad hoc' tomadas por el gobierno de turno permiten críticas demasiado golosas electoralmente como para que la oposición en cada caso renuncie a ellas.

Todo ello no es muy diferente a lo acordado, por ejemplo, en países democráticos desarrollados, para establecer qué prestaciones sanitarias se deben o no financiar en los sistemas públicos de salud. Una agencia nombrada por el Parlamento asume dicha responsabilidad a partir de un procedimiento consensuado en la legislación: decisiones según coste efectividad relativo, determinando lo que se va a considerar como coste y como resultado (años de vida ganados ajustados por calidad) y según sus ratios incrementales, esto es, ganancias y costes adicionales respecto de tratamientos alternativos o ya existentes. La recomendación que de ello resulta en política pública es siempre ‘prudencial’: haz o explica políticamente por qué no haces. La transparencia queda garantizada si la recomendación más técnica se soslaya por otros criterios explícitos.

Fuera de aquel marco de ordenación, las propuestas de sostenibilidad devienen groseras (bajar gasto drásticamente o subir ingresos conectando a su financiación impuestos generales) y desde posiciones fuertemente cortoplacistas (apaciguar descontentos que se puedan reflejar en costes electorales). Cuestiones de mayor interés como las de ir recuperando equilibrios generacionales rotos, por ejemplo vinculando derechos a la esperanza de vida, tanto de las cohortes como de los cotizantes, vistos los sesgos socioeconómicos de esta, o de movilizar el ahorro o el patrimonio (a través de anualidades, hipotecas inversas o activar alquileres para completar pensiones) no acaban recibiendo el interés que merecen.