Justicia a prueba de inocentes

Hay fotos y fotos, y la que estos días ha asomado en los medios de comunicación de tres exconvictos que han recuperado la libertad tras 36 años de cárcel injusta es de las que no dejan indiferente ni se olvidan. El fotógrafo la tiró en Baltimore, en EEUU, y en ella aparecen los tres hombres, Alfred Chestnut, Ransom Watkins y Andrew Stewart, ya cincuentones. Sus manos hacen gestos de victoria, dos dedos con la forma de uve, un pulgar en alto. Sus caras son insondables. Resulta que cuando tenían apenas 16 años y eran pandilleros alguien les implicó en un tiroteo que acabó con la muerte de otro chaval. No fueron ellos, hubo testigos que los exculparon, y hasta tiene nombre ya el verdadero asesino, que burló la justicia, aunque resultó víctima a su vez de otro tiroteo y ya no puede pagar por ese crimen. Pagaron injustamente Chestnut, Watkins y Stewart, y ahora se disponen a subirse al tren de la vida de la que fueron apeados de adolescentes. 

Que un sistema judicial como el americano nos golpee de tanto en cuando con este tipo de mazazos es especialmente grave. El propio sistema corrige su disfunción extremadamente tarde: las apelaciones no detectaron el error de bulto, y ha sido una iniciativa de la Conviction Integrity Unit, una entidad con fondos federales impulsada por los miembros de un proyecto de la Universidad de Baltimore, la que ha conseguido la exoneración. Esta unidad ha sumado nueve rectificaciones ya en los últimos cuatro años, y su modelo se multiplica por EEUU ante la alarma del fallo de un sistema que tiene la cadena perpetua y la pena de muerte vigente en varios estados. 

¿Son los sistemas europeos, el español, más eficientes? Que casos como el de Óscar Sánchez, el lavacoches de Montgat confundido con un mafioso en 2011 se pudieran enmendar gracias al trabajo de El PERIÓDICO, que destapó la injusticia, o que iniciativas como las del Barcelona Innocence Project, vinculado a la Universitat de Barcelona, se estén desarrollando en los últimos meses, son señales inquietantes de la mala salud de nuestro sistema de garantías, que necesita apuntalarse.