Opinión | Editorial

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El Corredor Mediterráneo vuelve a pedir paso

El modelo territorial centralizador hace perder oportunidades y viste de racionalidad su ineficacia

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Los representantes de las patronales de Catalunya, Valencia, las Islas Baleares y Murcia se han reunido esta semana en Elx, en una cita que repiten cada seis meses para constatar cuál es el avance de las inversiones en la construcción de las infraestructuras del Corredor Mediterráneo, señalar las insuficiencias y retrasos y reclamar insistentemente a las sucesivas administraciones un mayor esfuerzo.

Tras un periodo de falta de compromiso por  parte de los anteriores Gobiernos del PP, el actual Gobierno en funciones muestra como señales de un cambio de prioridades la licitación de más de 2.000 millones en obras en el corredor en el último año y medio y la inminente entrada en servicio de la variante de Vandellòs, que acortará en media hora el trayecto ferroviario, además de prometer una inversión de otros 4.000 millones en la próxima legislatura. Una aportación, pendiente de que se forme Gobierno, de que este cumpla los compromisos establecidos y de la evolución de la economía, que deberían garantizar el objetivo de tener concluida la infraestructura desde Algeciras hasta la frontera francesa en el año 2025. Un avance, pero insuficiente: clama al cielo que 27 años después del inicio del servicio de alta velocidad en España, los ciudadanos y empresas de comunidades que, contando a Andalucía, suman casi la mitad del PIB español y algo más del 50% de su población, deban pagar un sobrecoste en tiempo y recursos para desplazarse entre ellas y exportar sus bienes a Europa.

La apuesta por hacer de Madrid el alfa y omega de toda la red de transporte en España , de considerar que la competitividad internacional del país pasa por construir una gran metrópoli que absorba y concentre centros de decisión y enlaces nacionales e internacionales, ha sido un proyecto de construcción territorial que en mayor o menor grado ha marcado la gestión del Gobierno central bajo administraciones de diverso signo. Una visión centrípeta que no solo genera agravios territoriales en las regiones que ven su proyección relegada en el orden de prioridades, cuando no directamente ignorada, sino que hace que el conjunto de España pierda oportunidades. Un planteamiento  ineficaz y disfuncional vestido de racionalidad.

Esta política territorial miope ha sido utilizada hasta la extenuación por parte del independentismo catalán como una de las razones que según su punto de vista hace poco menos que irrenunciable la ruptura con España.  El victimismo que toma a Catalunya como la única agraviada y un rumbo unilateral de ruptura como la solución no es menos equivocado. Son otras muchas las comunidades afectadas, a lo largo de la costa mediterránea en este caso, aunque en otros ámbitos territoriales como el Cantábrico o la España interior vaciada se puedan argumentar con fundadas razones sus propios agravios. Acabar con este callejón sin salida no pasa en absoluto por volver la espalda a los potenciales socios en tantos proyectos de progreso, sino en la cooperación, tanto constructiva como reivindicativa, con las comunidades vecinas con las que se comparte futuro y aspiraciones.