Judicializar el agua

Hay quien afirma que el Derecho organiza los negocios por encima del mercado. Lo defienden marxistas ortodoxos, pero lo practica también el denominado "capitalismo de amiguetes". La confluencia de estas dos perspectivas ha convertido en los últimos años la gestión del agua en Barcelona y en Catalunya en un calvario judicial. Uno de los ámbitos en los que el populismo ha calado más fuerte ha sido precisamente en el de la gestión del abastecimiento de este servicio básico. Miles de personas en este país están convencidas de que el suministro de agua puede ser gratis, o casi, si pasa a ser gestionado directamente desde los ayuntamientos. Ignoran, quienes defienden esta posición, el coste de la red y las inversiones que se han hecho durante años -y que sería necesario recompensar- para obrar este auténtico milagro como es abrir el grifo y que salga agua en cualquier rincón de la geografía, tenga cerca o lejos el recurso natural. E ignoran también que en los últimos 30 años, la Unión Europea ha impuesto -las leyes dibujan las condiciones del mercado- lo que se ha venido en llamar el ciclo integral del agua, que no quiere decir otra cosa que hay que invertir para asegurar el suministro a los hogares y a las empresas, pero también para reciclarla antes de devolverla a los ríos o al mar. En la factura, se paga la llegada pero también el reciclaje.

Sobre esta base de ignorancia y de fake news se ha montado una batalla político-judicial entre los Comuns -y la CUP allí donde gobierna- y Agbar, la centenaria empresa de suministro que en muchos casos ha sido aprovechada por los competidores de la empresa, principalmente Acciona y Aigües de València (caso de libro de capiutalismo de amiguetes), para intentar cuestionar su liderazgo. Una pinza muy similar a la que hicieron en su día las petroleras con los ecologistas contra las nucleares. Agbar acaba de ganar en el Tribunal Supremo uno de los principales pleitos en los que se ha visto implicada. Se trata de los recursos presentados contra la creación en el año 2011 de una sociedad mixta de gestión integral del agua con el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) para asegurar el suministro de tres millones de personas. Lo más destacado de la sentencia, que crea jurisprudencia, es que distingue entre competencia sobre el agua y municipalización del servicio, con lo cual, no solo da por buena esa sociedad, sino cierra el paso a la vía legal que esperaban utilizar los Comuns y la CUP para remunicipalizar el servicio en otros muchos ayuntamientos.

Las concesiones de servicios públicos básicos han pasado en España por muchos avatares y la época actual exige la máxima transparencia y concurrencia. Pero este propósito no debe abordarse desde la ignorancia. Hablar de "privatizar el agua" porque la distribuye una empresa de capital privado es ignorar que lo hace bajo una concesión pública que impone las condiciones, entre ellas el precio o las exenciones sociales, y que en muchas ocasiones traslada a esa factura algunos impuestos incómodos. Lo más curioso en este debate es que nunca se cita el caso de la principal empresa municipal de gestión del agua en España, el Canal de Isabel II, donde se acumulan importantes denuncias por corrupción