¿Por qué vivir más y mejor es un desastre?

El inicio de una nueva legislatura, y con ella el debate acerca de las prioridades de los próximos años, vuelve a poner sobre la mesa la amenaza que el envejecimiento de la población representa para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Una inquietud generalizada, pero especialmente sentida entre las élites conservadoras que, a menudo, parten de una lectura simplista de un asunto de enorme complejidad, y al que deberíamos aproximarnos empezando por cambiar de terminología. Así, convendría abandonar el uso del término envejecimiento por el de longevidad. Mientras el primero acarrea una visión negativa, el de longevidad responde con mayor precisión a lo que representa vivir más y mejor: el mayor logro de la humanidad.

Esta mayor esperanza de vida conlleva múltiples ámbitos de atención prioritaria. Así, la soledad, consecuencia de mutaciones familiares y sociales; la gestión asistencial, enfrentada a una creciente demanda y una mayor sofisticación y coste de los tratamientos médicos; la presión sobre los equilibrios macroeconómicos; la conveniencia de no desperdiciar el talento de personas forzadas a jubilarse en plenitud profesional; o el maltrato físico y psicológico, acompañado en ocasiones de expolio económico, de personas mayores, incapaces de alzar la voz.

En este contexto, los enormes avances sociales alcanzados en épocas recientes deberían servir de estímulo para afrontar el reto, huyendo de considerar que la longevidad conlleva, inequívocamente, a unas generaciones numerosas, demandantes de unas pensiones y unos servicios socio-sanitarios imposibles de atender desde los presupuestos públicos. Un pesimismo estimulado por la conjunción en el tiempo con una revolución tecnológica que, se asevera, romperá el mercado laboral y ocasionará una fractura social, que dejará a millones de ciudadanos al margen del bienestar.

Ante ello, quizá convendría recordar qué ha sucedido con episodios, más o menos similares, en el pasado. Así, por ejemplo, en la década de los 60 del pasado siglo, el sector agrario ocupaba a más del 40% de la población activa española, mientras que hoy apenas emplea al 5%. Es decir, en poco más de medio siglo la tecnología agraria expulsó al 35% de la población activa total. Sin embargo, esta extraordinaria pérdida de empleo coincidió con el periodo de mayor progreso social de nuestra historia. La conclusión parece evidente: la cuestión no es tanto la revolución tecnológica en si misma, como el ser capaces de conducirla en beneficio de todos. Si la buena política conduce la robótica, viviremos más, en mejores condiciones, y sin desequilibrar las cuentas públicas.

Para ello, debemos empezar por alcanzar grandes pactos entre los principales partidos para abordar las cuestiones fundamentales, aquellas que van desde la progresiva modificación de la edad de jubilación, adaptándola a las peculiaridades de cada colectivo, a la política de inmigración, pues sin jóvenes inmigrantes no hay solución posible. Suerte al nuevo Parlamento.