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El debate sobre la Carta Magna

Hacer guardar la Constitución

MARÍA TITOS

Hacer guardar la Constitución

Xavier Arbós

El Gobierno debe velar para que el orden constitucional pueda sostenerse sobre una base sólida de legitimidad

En algún momento, y ojalá no haya que esperar a unas nuevas elecciones, asistiremos a la ceremonia protocolaria de toma de posesión del nuevo Gobierno. Se centra en el juramento o promesa, ante el Rey, de “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. La fórmula está establecida desde los inicios de la democracia por el real decreto 707/1979, de 5 de abril. Una norma reglamentaria impone un compromiso moral, y eso puede ser visto como un exceso de formalismo burocrático. Para mí, sin embargo, tiene un sentido profundo en el caso del Gobierno de España. Creo que la crisis política en la que nos encontramos se puede explicar en parte por el olvido de lo que ese compromiso comporta: la responsabilidad constitucional.

“Guardar y hacer guardar la Constitución” significa respetarla y hacer que se respete. El Gobierno debe reaccionar ante las transgresiones del orden constitucional, y tiene que hacerlo con los instrumentos que la Constitución le proporciona. Solamente con ellos, pues, como hay que recordar, los poderes públicos solo pueden hacer aquello que las normas le permiten. Ahora bien, si el Gobierno está obligado a ser reactivo, creo que también tiene el deber de ser proactivo. Está muy claro en algún precepto concreto, como es el artículo 9.2.

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Se atribuye a los poderes públicos la tarea de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, así como “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” Ese artículo es una muestra del sentido proactivo que comporta la tarea de hacer guardar la Constitución. A mi modo de ver, impone la tarea permanente de asegurar las condiciones de legitimidad de la norma suprema. Ningún Gobierno puede ignorar que, con los que vivieron la transición de la dictadura a la democracia, se va diluyendo el vínculo histórico que se generó entre aquella generación y la Constitución de 1978.

"Guardar y hacer guardar la Constitución" significa respetarla y hacer que se respete

Algunos países disponen de mitos fundadores. Para los Estados Unidos, su mito fundacional es el de los “padres peregrinos”, que, huyendo de la persecución religiosa, cruzan el Atlántico para vivir libres en el Nuevo Mundo. Para muchos países europeos, su mito fundador se forja a sangre y fuego en las trincheras de las guerras mundiales. Allí se anudan lazos emocionales que forman las naciones, más allá de la ciudadanía estatal compartida. Para una España caracterizada por las guerras civiles, la Constitución de 1978 pudo reflejar ese mito fundador: quienes provenían de bandos enfrentados violentamente en el pasado, se mostraron capaces de ofrecer un proyecto político de futuro.

Legitimidad bajo juramento

Los mitos fundadores embellecen los recuerdos, ocultando los datos oscuros de la realidad histórica. También, y quizás gracias a eso, son útiles, porque nos unen y nos hacen sentir capaces de construir un futuro a la altura de ese mito nacido en el pasado. Pero los mitos también decaen con el paso del tiempo, y entonces ya no son un instrumento de cohesión que permita un común denominador político. Es lo que ha ocurrido con la transición y su consenso, que cumplió la función de mito fundador de la España constitucional. La crisis de legitimidad de la Constitución se explica en parte por eso, y ahí cobra sentido la tarea de “hacer guardar la Constitución”. Una de las misiones del gobierno, sea cual sea su color político, es velar para que el orden constitucional pueda sostenerse sobre una base sólida de legitimidad. La inercia no es suficiente, y lo evidencian las críticas genéricas al llamado “régimen del 78”. Que sean justas o injustas es secundario: existen y son un dato que evidencia la crisis de legitimidad. Algo parecido cabe decir del independentismo. Además de dedicarle los reproches políticos y jurídicos que merezca, su fuerza nos recuerda que una parte importante de la ciudadanía rechaza formar parte de la España que la Constitución ha configurado.  

Cuando alguien se compromete a hacer guardar la Constitución desde el gobierno, eso no debería ser un simple trámite. Se está asumiendo un tipo de responsabilidad, la responsabilidad constitucional, que va más allá de la responsabilidad política. Esa se pone en juego ante el Congreso de los Diputados, y de su resultado depende la continuidad de una política concreta en el marco de la Constitución. La responsabilidad constitucional llama a preservar su eficacia, cuidando de su legitimidad y renovándola cuando hace falta. No se pone en juego ante una cámara parlamentaria, sino ante la conciencia de cada uno de los miembros del gobierno, que ha jurado o prometido “guardar y hacer guardar la Constitución”.